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El Congreso del Estado de Durango ha dado un paso decisivo para combatir el rezago social. En una sesión clave, las y los legisladores autorizaron a los municipios de San Juan del Río y Vicente Guerrero la contratación de créditos destinados exclusivamente a transformar la vida de sus habitantes más vulnerables.
Inversión directa contra la pobreza
La iniciativa, impulsada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, busca atender las necesidades más urgentes de las familias en pobreza extrema. Los montos autorizados se dividen de la siguiente manera:
- San Juan del Río: Hasta $6,569,891 pesos para proyectos de alto impacto social.
- Vicente Guerrero: Hasta $9,939,317 pesos destinados a obras de infraestructura básica.
¿En qué se verá reflejado este dinero?
No se trata de gastos administrativos, sino de obras que cambian el entorno cotidiano. Los recursos deberán aplicarse obligatoriamente en rubros críticos como:
- Servicios básicos: Redes de agua potable, alcantarillado y drenaje.
- Urbanización y energía: Electrificación en zonas rurales y colonias marginadas.
- Salud y Educación: Fortalecimiento de la infraestructura básica en estos sectores estratégicos.
Garantía de pago y transparencia
Para asegurar la viabilidad financiera, el Congreso autorizó que el pago de estos créditos se realice mediante la afectación de hasta el 25% de los recursos anuales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Este mecanismo garantiza que los municipios puedan cumplir con sus obligaciones de capital e intereses sin comprometer su estabilidad económica a largo plazo.
Con esta aprobación, ambos ayuntamientos cuentan ahora con las herramientas financieras para llevar justicia social a las localidades con mayor rezago, priorizando siempre las zonas de atención urgente marcadas por la ley.
