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Por: Víctor R. Hernández
Lo que faltaba. México no sólo tiene que dar cuentas a Washington por su cercano trato con los grupos criminales nativos del país, ahora también está en el ojo de Donald Trump, por estar convertido en el Hub del crimen organizado internacional, organizaciones que hoy tienen presencia en 30 estados del país. La evidencia no proviene de rumores ni de discursos políticos: surge de un estudio serio, académico, documentado. Y lo que revela es incómodo.
México —y con él Durango— está inscrito en la cartografía de grupos criminales internacionales.
La investigación del académico Víctor Sánchez Valdés, publicada en la revista Nexos, expone una realidad que durante años se ha querido matizar: en el país operan organizaciones delictivas provenientes de al menos diez naciones. No se trata de incursiones aisladas. Es una presencia estructurada, especializada y, sobre todo, en expansión.
Cada grupo tiene un nicho. Los rumanos perfeccionaron el fraude en cajeros automáticos, particularmente en zonas turísticas. Los colombianos extendieron como una plaga el sistema de extorsión “gota a gota”, alcanzando prácticamente todo el territorio nacional. Las redes venezolanas y salvadoreñas han convertido la tragedia migrante en una industria criminal. Y las células chinas ocupan un papel clave: el suministro de precursores químicos para drogas sintéticas.
Pero hay un nombre que sobresale por encima del resto: el Tren de Aragua.
No es solo otra organización. Es, según el análisis, la más peligrosa. Violenta, adaptable, con una expansión vertiginosa en América Latina. Su operación en México no se limita a la extorsión: incluye trata de personas, explotación sexual y control territorial en rutas migratorias. Es un modelo criminal exportado con eficacia brutal.
Frente a este panorama, la pregunta no es si el Estado mexicano está enterado. Lo está. La verdadera pregunta es otra: ¿por qué sigue reaccionando en lugar de prevenir?
La respuesta, aunque incómoda, es clara.
La estrategia de seguridad en México sigue siendo reactiva. Se detiene cuando el daño ya está hecho, cuando las redes ya están consolidadas, cuando las víctimas ya se cuentan por cientos. El propio investigador lo señala: la cooperación internacional existe, pero es insuficiente. Hay intercambio de información con países como Italia, España o Estados Unidos, pero carece de profundidad, de ritmo y, sobre todo, de visión preventiva.
En otras palabras: se persigue el delito después de que se instala, no antes de que ocurra.
Este desfase tiene consecuencias directas. Permite que mafias extranjeras no solo operen, sino que se integren al ecosistema criminal local. No llegan a territorios vacíos: se articulan con organizaciones mexicanas, construyen alianzas, comparten infraestructura y multiplican su capacidad operativa.
Así ocurrió con la red rumana de fraude. Así ocurre con las tríadas chinas en la cadena de suministro del narcotráfico. Y todo indica que el patrón se repite con otras nacionalidades, aunque los detalles aún permanezcan en la opacidad.
Durango no está aislado de este fenómeno. Pensarlo así sería ingenuo. Las rutas, los flujos y las dinámicas del crimen no reconocen fronteras estatales. Si el país entero está atravesado por estas redes, la entidad también lo está, aunque no siempre sea visible.
Esa es, quizá, la parte más peligrosa: la invisibilidad.
Porque mientras el discurso oficial insiste en cifras, operativos y detenciones, la estructura profunda del crimen transnacional sigue avanzando con lógica empresarial: diversificación, especialización y expansión territorial.
El país enfrenta ya no solo cárteles, sino consorcios criminales internacionales.
Y ante eso, la improvisación no es estrategia.
Si México no transita hacia un modelo preventivo, basado en inteligencia real, cooperación efectiva y anticipación operativa, el mapa seguirá ampliándose. Más puntos, más rutas, más territorios marcados.
Durango ya está en ese mapa.
La cuestión es cuánto tiempo más se seguirá ignorando.
