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Por: Víctor R. Hernández
Mientras el gobierno federal morenista se aplaude por haber elevado la extorsión a delito federal con penas de hasta 42 años de prisión, la realidad grita lo contrario: el crimen no solo no ha disminuido, sino que ha escalado de forma alarmante en perjuicio de comerciantes, empresarios y sociedad civil. Lo más grave es que, según datos duros, cerca del 40% de las extorsiones las comete el propio gobierno —en sus tres niveles—, y el resto, en su gran mayoría, se cobra cómodamente desde las cárceles del país.
La simulación legislativa queda al descubierto. Con su mayoría artificial en el Congreso, Morena modificó la Constitución y aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión (29 de noviembre de 2025). Derogaron el viejo artículo 390 del Código Penal Federal de 1984 para “unificar” criterios y obligar a la persecución de oficio. Resultado: puro teatro. La extorsión no solo persiste, sino que se profesionaliza.
Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), lo dijo con crudeza al presentar el reporte trimestral del Monitor de Seguridad en mayo de 2026: la autoridad gubernamental se ha convertido en el mayor extorsionador de las empresas del país.
1- El modus operandi de la extorsión institucional
Sierra detalló que el abuso ocurre principalmente a nivel estatal y municipal. Funcionarios crean o interpretan a su antojo normativas —impuestos “ambientales”, licencias, verificaciones sanitarias o de protección civil— para fiscalizar negocios. La amenaza es clara: clausura, multas impagables o trámites eternos. La solución: “arreglo” en efectivo.
Según el reporte:
- Cuatro de cada diez pagos van directamente a bolsillos de autoridades públicas.
- Del total de empresas extorsionadas, el 37.7% admitió haber pagado para poder seguir operando.
- En muchos casos, el gobierno compite y supera al crimen organizado en frecuencia y monto.
Las MiPyMEs son las más golpeadas. Sin departamentos jurídicos ni capacidad de resistencia, ven cómo multas excesivas y cuotas ilegales destruyen su flujo de caja. “Esto mata a la MiPyME y provoca la pérdida directa del patrimonio de miles de familias”, denunció Sierra.
2- El costo real de la simulación
Coparmex estima que la extorsión genera un impacto económico anual de 15 mil millones de pesos (0.04% del PIB). Pero la verdadera dimensión está en la cifra negra: el 97% de los casos no se denuncia por temor a represalias y por la profunda desconfianza en las instituciones.
El Índice de Extorsión Coparmex, que cruza datos del INEGI, el Secretariado Ejecutivo y la percepción de 71 centros empresariales, identifica los focos rojos:
- Mayor incidencia por tasa de habitantes: Morelos, Zacatecas, Colima y Ciudad de México.
- Mayor riesgo percibido para operar: Morelos, Tabasco y Zacatecas.
3- Certeza jurídica en el suelo
Esta realidad destruye cualquier posibilidad seria de atraer inversión bajo el nearshoring. Nadie trae capital a un país donde el principal extorsionador lleva uniforme o acta de autoridad. La discrecionalidad regulatoria, la falta de homologación real y la indiferencia de Morena ante las denuncias empresariales mantienen al sector productivo de rodillas.
La extorsión en México ya no es solo un delito del crimen organizado. Se ha convertido en una práctica de Estado tolerada, cuando no ejercida directamente, por un gobierno que prefiere modificar leyes en el papel antes que aplicarlas en la calle.
Mientras tanto, los empresarios pagan dos veces: al delincuente y al funcionario. Y la sociedad civil carga con el costo de una simulación morenista que ya nadie se cree.
