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Durango, Dgo. – El acoso escolar dejará de ser visto como un juego de niños en Durango. Con el firme objetivo de proteger la salud mental y física de los estudiantes, la diputada Sughey Torres Rodríguez presentó una iniciativa histórica para incorporar el delito de acoso escolar —conocido comúnmente como bullying— directamente al Código Penal del Estado.
¿Qué conductas serán castigadas?
La propuesta de la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI define el acoso escolar como cualquier conducta reiterada e intencional que busque agredir, intimidar, humillar o violentar a un estudiante dentro del contexto escolar. El castigo aplicará si la agresión es:
- Física, verbal o psicológica.
- Patrimonial o sexual.
- Digital (ciberbullying), a través de redes sociales.
“En Durango no vamos a seguir tratando el acoso escolar como una simple travesura… No estamos hablando de criminalizar la niñez; estamos hablando de poner límites claros frente a conductas que destruyen vidas”, sentenció firmemente Torres Rodríguez desde la tribuna.
Castigos severos: Trabajo comunitario y multas
Para los agresores, la iniciativa contempla sanciones penales enfocadas en la reinserción y la responsabilidad social, que incluyen:
- Hasta 60 días de trabajo en favor de la comunidad.
- Multas económicas de hasta 100 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Cero tolerancia a la indiferencia escolar
El golpe más duro de la ley va dirigido a las autoridades escolares que decidan ignorar el problema. La propuesta establece que cualquier director, maestro o servidor público de una institución educativa que tenga conocimiento de un caso de bullying y mire hacia otro lado será castigado con:
- Multas de hasta 500 veces la UMA.
- Suspensión e inhabilitación de su empleo o cargo hasta por 10 años si omiten intervenir, no activan los protocolos de actuación o toleran la agresión.
“Si una escuela sabe que un estudiante está siendo violentado, no puede mirar hacia otro lado”, enfatizó la diputada, señalando que legislar en esta materia es responder a una realidad urgente que golpea a miles de familias duranguenses. Con esta reforma, se busca garantizar que ninguna víctima sienta que pedir ayuda en su escuela es inútil.
