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Por: Víctor R. Hernandez
La reunión celebrada en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, reveló una profunda tensión y un punto de quiebre en la relación bilateral en materia de seguridad. Los puntos más críticos que se revelaron durante este encuentro de acuerdo con analistas y columnistas consultados, fueron:
- Exigencia de entrega exprés: Mullin acudió con un expediente de peticiones y exigió la entrega inmediata a la justicia de Nueva York de Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza y de otros políticos acusados de pertenecer al Cártel de Sinaloa. Aclaró que ya no se trata de una solicitud de detención con fines de extradición, pues el juicio en Estados Unidos ya ha comenzado gracias a que dos exfuncionarios de Sinaloa (Gerardo Mérida y Enrique Díaz) se entregaron, se declararon culpables y aportaron pruebas contundentes contra el resto del grupo.
- Negativa tajante del gobierno mexicano: La presidenta Sheinbaum se negó de manera rotunda a entregar a los acusados, reiterando el discursode la soberanía nacional y argumentando que no existe ninguna obligación legal para hacerlo. Sostuvo que, de encontrarse pruebas, los implicados serían juzgados en México.
- Ultimátum y nuevos expedientes: Ante la firme negativa de México, Mullin advirtió que el gobierno estadounidense continuará con las denuncias y adelantó que vienen acusaciones similares por vínculos con el narcotráfico contra otros cuatro gobernadores: Américo Villarreal (Tamaulipas), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Alfonso Durazo (Sonora) y Alfredo Ramírez Bedoya (Michoacán), además de decenas de sus colaboradores. Mullin fue claro al señalar que la lista de políticos involucrados es mucho más extensa y que, si México no avanza con las detenciones, Estados Unidos seguirá tomando medidas.
- Clima de confrontación y ruptura: La reunión se tornó altisonante. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, intentó mediar y apaciguar los ánimos, pero la presidenta lo frenó, le pidió no intervenir y dio por terminada la reunión de forma abrupta y sin llegar a ningún acuerdo.
Como secuela de este fracaso diplomático, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un comunicado donde endureció su retórica, instando a fortalecer los esfuerzos de México para combatir a grupos que Washington ahora cataloga explícitamente como “narcoterroristas”.
Si el gobierno mexicano mantiene su negativa a realizar estas entregas, Estados Unidos generará serie de repercusiones legales, diplomáticas y políticas de alto impacto:
- Lluvia de nuevas acusaciones formales: El secretario Markwayne Mullin advirtió que, en la medida en que no se avance con las detenciones, se irán tomando medidas legales contra otros políticos, comenzando por los gobernadores de Sonora, Baja California, Michoacán y Tamaulipas, además de decenas de sus colaboradores, pues la lista de funcionarios involucrados es “mucho más extensa”. Las acusaciones iniciadas en Nueva York son descritas como una locomotora que “ya arrancó sin punto de retorno”.
- Riesgo de captura internacional y estrangulamiento financiero: Aunque México se niegue a extraditarlos, la existencia de fichas rojas de la Interpol genera efectos prácticos severos. Si políticos como Rubén Rocha Moya intentan salir de México, cualquier país miembro de la Interpol podría detenerlos. Adicionalmente, las instituciones financieras pueden aplicar medidas preventivas, como el congelamiento de las cuentas bancarias de los imputados.
- Impacto en la revisión del T-MEC y la economía: La ruptura en materia de seguridad amenaza con contaminar otras áreas vitales de la relación bilateral. Se señala que la seguridad jurídica y financiera van de la mano con las negociaciones comerciales, por lo que este choque diplomático podría entorpecer gravemente las próximas reuniones con Jamieson Greer, el negociador estadounidense para el tratado de libre comercio T-MEC.
- Endurecimiento de la diplomacia y clasificación de “narcoterrorismo”: Estados Unidos incrementará la presión política y diplomática. Como primera muestra, el Departamento de Seguridad Nacional ya emitió un comunicado oficial exigiendo acciones contra grupos que ahora cataloga explícitamente como “narcoterroristas”. Además, la falta de acuerdos ha provocado la cancelación de visitas diplomáticas importantes, como la de la responsable de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca.
- Crisis política electoral interna: Estratégicamente, las acusaciones buscarán crear un “efecto boomerang” dentro de Morena y el gobierno. Ante el riesgo de que sus candidatos resulten ser operadores del narcotráfico, el partido se verá obligado a replantear la selección de sus coordinadores y candidatos estatales, lo que podría desatar una crisis política mayor. Asimismo, la anticipación de estos expedientes ya está provocando una caída importante en las encuestas de aprobación del gobierno ante la opinión pública nacional.
