Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 19 segundos
Los trámites burocráticos y las largas filas ya no serán un obstáculo para los sectores más vulnerables. Con el objetivo de eliminar las barreras físicas que impiden a miles de ciudadanos acceder a sus derechos, la diputada Flora Leal Méndez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social para el Estado. La propuesta busca obligar legalmente a las instituciones a llevar información, orientación y ventanillas de trámite directamente hasta los domicilios de los adultos mayores y personas con discapacidad.
A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la legisladora afirmó que la verdadera eficacia de la política social se mide en su capacidad para llegar oportunamente a quienes enfrentan complicaciones de salud o de movilidad.
Barreras institucionales que agravan la vulnerabilidad
Durante su intervención en la Comisión Permanente, Leal Méndez expuso que, aunque los apoyos económicos existen, el acceso a ellos se vuelve una misión casi imposible para muchos debido a la exigencia de trámites presenciales, la falta de transporte adaptado y las largas distancias hacia los módulos de atención.
“Cuando una persona adulta mayor o una persona con discapacidad pierde la posibilidad real de acceder a un programa social por la distancia de los módulos de atención o por la imposibilidad física de realizar un trámite presencial, el problema no está únicamente en su condición personal, sino en la ausencia de mecanismos institucionales que eliminen esas barreras”, sentenció la diputada.
Las alarmantes cifras que respaldan la reforma
La exposición de motivos de la iniciativa se fundamenta en un crudo diagnóstico de la realidad estatal, apoyado en las mediciones oficiales más recientes del INEGI:
- Discapacidad en la tercera edad: El 28.2 por ciento de la población de 60 años o más en Durango presenta algún tipo de discapacidad.
- Pobreza generalizada: Más de 528 mil personas viven actualmente en situación de pobreza en la entidad.
- Marginalidad: Estas condiciones combinadas vuelven indispensable que el aparato gubernamental se mueva hacia la gente y no al revés.
Finalmente, se aclaró que esta reforma no pretende modificar las reglas de operación vigentes de los apoyos federales o estatales, ni eliminar los filtros de validación necesarios para evitar la corrupción. El objetivo central es puramente operativo: humanizar la burocracia y asegurar que el ejercicio efectivo de los derechos humanos sea una realidad tangible para toda la gran familia duranguense, sin importar sus limitaciones físicas.
