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Por: Víctor R. Hernández
Sheinbaum y Morena no legislan por convicción: legislan por miedo. Y ese miedo tiene dos nombres: Elecciones 2027 y “las oficinitas” del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El próximo año se juega la mitad del sexenio en las urnas: se renueva la Cámara de Diputados —el bastión que le ha permitido a Morena reformar la Constitución a modo— y se eligen 17 gobernadores, además de más de mil diputaciones locales y 2,200 alcaldías. Es la elección que decide si la Cuarta Transformación sigue teniendo mayoría para gobernar sin contrapesos, o si empieza a perderla.
Al mismo tiempo, en las cortes federales de Estados Unidos se están armando expedientes que apuntan directo a la cúpula morenista: órdenes de aprehensión con fines de extradición por vínculos con cárteles de la droga y por redes de tráfico y robo de hidrocarburos. No es especulación, es un proceso judicial en marcha. El caso de Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa que sigue sin ser detenido ni extraditado, es solo la muestra más visible de un mecanismo que el régimen ha usado para ganar y sostener gubernaturas: aliarse con el crimen organizado en lugar de combatirlo.
Ambos frentes convergen en el mismo cálculo: si la sociedad mexicana se entera, antes de 2027, de lo que las cortes estadounidenses están documentando sobre los nexos de Morena con el narco, la elección de mitad de sexenio se convierte en un plebiscito contra el narcogobierno. Por eso la prisa. Por eso la ley mordaza.
Audiencias de fabricación propia
La iniciativa se vende como “derecho de las audiencias”. Pero, ¿quiénes son esas audiencias? La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que la propone fue diseñada por la propia Presidencia y aprobada por su mayoría legislativa: no es un árbitro independiente, es el gobierno regulándose a sí mismo el derecho a ser cuestionado.
Y el patrón ya es conocido. Desde la vocería de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas ha operado granjas de bots y redes de cuentas coordinadas capaces de simular indignación ciudadana a voluntad: miles de quejas idénticas, sincronizadas, dirigidas contra contenidos o cuentas específicas que incomodan al régimen. Para las plataformas —que actúan bajo la lógica de que “la audiencia manda”— esas quejas fabricadas son indistinguibles de un reclamo social genuino. El resultado es el mismo que buscaría la ley mordaza, pero sin necesidad de norma alguna: contenido bajado, cuentas suspendidas, voces silenciadas, todo bajo la máscara de que “así lo pidió la gente”.
Si ese mecanismo ya opera de facto contra plataformas digitales, ¿qué pasará cuando exista un marco legal —diseñado por el propio gobierno— para aplicarlo formalmente a radio y televisión? La “audiencia” que reclame contenidos incómodos sobre extradiciones, cárteles o corrupción morenista no tendría por qué ser real. Bastaría con que Ramírez Cuevas y su aparato la simulen, y la ley haría el resto.
La libertad de expresión no se pide prestada al poder: se defiende. Y en 2027, cuando Estados Unidos empiece a cobrar cuentas y los mexicanos vayamos a votar, se sabrá si a Morena le alcanzó el silencio que están construyendo hoy.
