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Por: Víctor R. Hernández
Hay caprichos que cuestan caro. Y hay caprichos que cuestan vidas. La Megafarmacia del Bienestar, esa “farmacia más grande del mundo” que Andrés Manuel López Obrador inauguró con bombo y platillo el 29 de diciembre de 2023, pertenece a la segunda categoría.
Hoy, según datos de la propia Secretaría de Hacienda, el costo total del proyecto —terreno, bodegas en Huehuetoca, acondicionamiento y operación durante las tres décadas de vida útil proyectadas— asciende a 17 mil 635 millones de pesos. Son 6 mil 835 millones más de lo que se calculaba en 2024. Un aumento del 39 por ciento. Y lo peor: la instalación está desolada, con un socavón sin reparar desde enero de este año y una actividad mínima que nada tiene que ver con la promesa original.
No fue un error de cálculo. Fue un capricho. López Obrador decidió concentrar el inventario de medicamentos de todo el país en una antigua bodega de Liverpool convertida en “solución mágica”. Ignoró décadas de evidencia logística que advierte contra poner todos los huevos en una sola canasta geográfica. Ignoró alternativas más racionales. Y el resultado está a la vista: una estructura que costará casi 18 mil millones de pesos a los contribuyentes y que nunca cumplió su promesa de acabar con el desabasto.
La continuidad es perfecta. Primero se destruyó el sistema de compras que funcionaba. Luego se improvisó con Birmex y la Megafarmacia. Se generó el peor desabasto en décadas. Y ahora, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, en lugar de reconstruir capacidad real, se reduce el catálogo de medicamentos para que las cifras se vean mejor.
El 31 de marzo de 2026, el secretario de Salud, David Kershenobich, anunció que el catálogo de compras consolidadas pasaría de 2,753 a 1,929 claves. Es decir, 824 medicamentos menos. La justificación oficial fue impecable en el discurso: se eliminaron “no esenciales”, se quitaron duplicidades y se priorizaron los fármacos con mejores resultados clínicos según la OMS. La presidenta presumió un abasto del 97 por ciento.
Cuatro meses después, el listado concreto de esas 824 claves sigue sin publicarse. Ni las alternativas. Ni la evidencia clínica. Ni la consulta a especialistas ni a pacientes. Solo el anuncio, la propaganda y el silencio.
Esto no es modernización. Es racionamiento disfrazado de eficiencia. Cuando un gobierno reduce deliberadamente el número de tratamientos que está obligado a surtir, el porcentaje de abasto sube de manera automática. Menos claves = menos faltantes que reportar. El 97 por ciento se vuelve más fácil de alcanzar cuando el denominador se achica. Es una trampa contable que se paga con la salud de la gente.
Los más afectados son, como siempre, los pacientes más vulnerables. De las 824 claves, 78 correspondían a pediatría y 680 a atención hospitalaria, donde se concentran los tratamientos oncológicos, las enfermedades raras, el VIH, la diabetes de difícil control y los fármacos innovadores. Medicamentos que en muchos casos no son intercambiables.
En Durango la consecuencia es concreta y costosa. Mientras el gobierno federal presume cifras nacionales, el estado ha tenido que sacar recursos propios para comprar y distribuir más de un millón y medio de piezas de medicamentos. El gobernador Esteban Villegas y la Secretaría de Salud estatal han tenido que salir a comprar lo que la Federación recorta o no entrega a tiempo. Pacientes del IMSS y del ISSSTE siguen viéndose obligados a surtir recetas en farmacias privadas. Familias que pagan de su bolsillo lo que debería garantizar el sistema público. El Centro Estatal de Cancerología mantiene a duras penas el abasto de oncológicos pediátricos gracias al esfuerzo local, no gracias a la “modernización” federal.
La Megafarmacia y el borrado de 824 medicinas son dos caras de la misma moneda: la negativa a admitir el fracaso y la preferencia por la manipulación de indicadores sobre la solución real de problemas. Primero se gastan miles de millones en un almacén que no funciona. Después se reduce el catálogo para que el almacén que no funciona parezca menos insuficiente.
Analistas como Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, y Norma Julieta del Río, excomisionada del Inai, coinciden en lo esencial: el proyecto debe ser auditado a fondo. No solo los costos de inversión, sino la operación real, los inventarios, los contratos, los resultados y el impacto en el acceso efectivo a medicamentos. Porque hasta ahora lo que hay es opacidad, sobrecostos y una instalación que ya ni siquiera cumple la función de gran bodega nacional.
La austeridad bien entendida no consiste en borrar tratamientos ni en construir elefantes blancos. Consiste en comprar bien, distribuir bien y garantizar que el paciente reciba lo que necesita. La selección racional de medicamentos es un principio válido. Convertirla en una operación de opacidad, sin lista pública y con restricciones operativas, es otra cosa: es imponer un racionamiento terapéutico desde el escritorio.
Diecisiete mil seiscientos treinta y cinco millones de pesos. Ese es el precio del capricho. Y seguimos pagándolo. En dinero público. En desabasto. Y, en demasiados casos, en sufrimiento que podría haberse evitado.
Borrar medicinas no es resolver el desabasto.
Es esconderlo.
Y construir una megafarmacia que no surte no es solucionar el problema.
Es perpetuarlo.
En salud, lo que se esconde y lo que se desperdicia, termina cobrando factura en vidas.
