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Por: Víctor R. Hernández
La Fiscalía General de la República, comandada por Ernestina Godoy, acaba de emitir un desmentido que más parece un cierre de expediente anticipado. Según la dependencia, no existe “ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria” para iniciar siquiera una carpeta de investigación contra Andrés Manuel López Beltrán —Andy— por delitos en materia de hidrocarburos. Afirma, además, que es falso que cuente con testigos protegidos que lo hayan señalado. La frase es precisa, calculada y, sobre todo, conveniente.
Porque lo que sí existe, y está documentado dentro de la propia carpeta FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024, son dos menciones explícitas al “hijo del Presidente” y a “Andy”. No las inventó la oposición. No las fabricó un medio opositor. Las hicieron dos marinos que ocuparon puestos de dirección y subdirección en aduanas, y ambas apuntan al mismo operador: Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, el supuesto enlace de los hermanos Farías Laguna en la red de huachicol fiscal.
El primero es el capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, convertido en testigo protegido con el nombre clave “Santo”. En un escrito entregado el 13 de mayo de 2025, relata que después del aseguramiento del buque Challenge Procyon —con 10 millones de litros de combustible de contrabando— contactó a Solano. La respuesta que recibió fue clara: se trataba de “choques políticos entre el Secretario de Seguridad (Omar García) Harfuch y el hijo del Presidente, pero que ya llegaron a un acuerdo” y que “no va a pasar nada”.
El segundo testimonio es el de Juan Carlos Soto Picha, subdirector de Operación Aduanera de Guaymas. Declaró el 27 de febrero de 2026 ante la misma Fiscalía. Contó que en marzo de 2025 se estaba por autorizar la descarga del buque Torm Agnes, también con hidrocarburos ilegales. Cuando advirtió que la operación se había salido de control, Solano le respondió que le hablarían al secretario de Marina “para decirle que era un tema de Andy a ver si a él no le hacían caso”. Y agregó la frase que debería haber hecho sonar todas las alarmas institucionales: “esto es solo para tus ojos”.
Dos testimonios. Misma carpeta. Mismo operador. Misma referencia. Y la FGR responde que no hay datos de prueba con “fuerza legal necesaria”. Es decir: las menciones existen, pero no son suficientes para investigar. Curiosa doctrina. En cualquier otra carpeta, una alusión de este tipo a un funcionario o a un familiar de poder habría bastado para abrir una línea de investigación, citar a declarar y cruzar información. Aquí, al tratarse del hijo del expresidente y exsecretario de Organización de Morena, la barra se eleva hasta el cielo.
No se trata de afirmar que Andy López Beltrán operó personalmente el contrabando. Los testimonios no lo describen como el hombre que daba las órdenes directas en el muelle. Lo que sí describen es el uso de su nombre como garantía de impunidad. “Es un tema de Andy”. “Choques políticos con el hijo del Presidente”. “Ya llegaron a un acuerdo”. Ese es el lenguaje de la protección política. Ese es el lenguaje que, en cualquier Estado de derecho mínimamente serio, obliga a indagar.
La prisa de la Fiscalía resulta todavía más reveladora si se coloca en contexto. Días antes, el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a López Beltrán. En Washington no se cancelan visas por chismes de pasillo. Se cancelan cuando hay indicios, investigaciones o alertas de inteligencia que cruzan fronteras. La reacción de la FGR no fue abrir una indagatoria propia para despejar dudas. Fue cerrar la puerta de un portazo mediático.
Mientras tanto, los operadores de menor nivel —los Farías Laguna, Solano y otros mandos de Marina— sí enfrentan procesos. La lógica es conocida: se captura a los ejecutores y se protege el escudo político. Es la misma lógica que ha permitido que el huachicol fiscal se convirtiera en un desfalco de proporciones históricas sin que las cabezas políticas más altas pagaran costo alguno. Millones de litros, cientos de empresas factureras, aduanas convertidas en puntos de descarga controlada y una red que, según varios testigos, necesitaba de “llamadas clave” para funcionar.
La periodista Peniley Ramírez ha documentado que existen “varias menciones a Andy López Beltrán de distintas fuentes” en el expediente. Otro testigo, según su reporte, llegó a afirmar que “todos los caminos llevan a Andy” y que él realizó llamadas que permitieron una operación ilegal de gran escala. El abogado de los hermanos Farías, Epigmenio Mendieta, ha confirmado públicamente que las menciones existen dentro de la carpeta. La FGR no niega de plano la existencia de los testimonios; niega que tengan la “fuerza legal necesaria”. Es un desmentido que, como bien se ha señalado, termina confirmando más de lo que oculta.
Este episodio no es un caso aislado. Forma parte de un patrón de selectividad institucional. Cuando el señalamiento apunta hacia abajo o hacia afuera del círculo de poder, la Fiscalía actúa con celeridad. Cuando el nombre que aparece es el de un López Beltrán, la máquina se detiene, se calibra el lenguaje y se emite un comunicado que cierra el tema antes de abrirlo. La independencia de la FGR, tantas veces proclamada, se revela aquí como una independencia de conveniencia.
El mensaje que se envía es cristalino: en México de 2026, mencionar al hijo de un expresidente en una carpeta de delincuencia organizada no basta para investigarlo. Hace falta algo más. ¿Qué más? Evidencia directa de su firma en un contrato, su presencia en un muelle, una transferencia a su nombre. Mientras tanto, el uso político de su nombre como salvoconducto queda fuera del radar. Así se construye la impunidad: no necesariamente con órdenes explícitas de “no investiguen”, sino con la decisión de elevar el estándar de prueba hasta hacerlo inalcanzable cuando el investigado es incómodo.
La ciudadanía no está obligada a creer que Andy López Beltrán es culpable. Está obligada, en cambio, a exigir que la Fiscalía investigue de verdad cuando aparecen indicios de este calibre. Dos marinos, en la misma carpeta, hablando del “tema de Andy” y de los “choques políticos con el hijo del Presidente”, no son un rumor de WhatsApp. Son declaraciones ministeriales. Ignorarlas o minimizarlas no es prudencia jurídica. Es protección política.
Mientras la FGR se declara satisfecha con su propio desmentido, el expediente del huachicol fiscal sigue abierto, los operadores menores enfrentan procesos y el nombre de Andy López Beltrán queda, oficialmente, limpio. Por ahora. Porque en este país las carpetas tienen la molesta costumbre de no cerrarse del todo cuando la evidencia sigue ahí, esperando a que alguien decida mirarla sin miedo.
