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Por: Víctor R. Hernández
En la historia política de México, el enriquecimiento al amparo del poder suele tomar décadas de refinada ingeniería burocrática. Sin embargo, lo ocurrido en el entorno de Andrés Manuel López Beltrán, conocido en las entrañas del oficialismo como “Andy”, rompe cualquier récord de acumulación patrimonial y captura de recursos públicos.
Lo que ayer exhibió El Universal con el rigor periodístico que lo distingue, no es una simple anécdota de favoritismo familiar; es la radiografía de un consorcio transexenal edificado en menos de ocho años, donde la retórica de la austeridad republicana sirvió de cortina de humo para montar una de las maquinarias de negocios más voraces y sofisticadas de las que se tenga registro.
El detonante que hoy coloca a López Beltrán en el centro del huracán no proviene de las fiscalías locales —históricamente maniatadas por la lealtad política—, sino del Departamento de Estado de los Estados Unidos con la revocación fulminante de su visa. Washington no cancela un visado por capricho ni por disputas de banqueta. Cuando las agencias del vecino del norte cruzan el umbral diplomático para cerrarle las puertas al hijo del expresidente y operador estelar de Morena, lo hacen sobre expedientes robustos de inteligencia financiera, rastreo de operaciones transfronterizas y trazabilidad de activos. Es un mensaje de compliance geopolítico contundente: el círculo íntimo del poder en México está bajo la lupa internacional.
Para entender la magnitud del fenómeno, basta con retroceder al año 2018. Los hoy prósperos empresarios del círculo de Andy eran, en su gran mayoría, profesionistas con modesta trayectoria económica, compañeros de pupitre, amigos de parrandas o miembros de una ayudantía presidencial cuyo único mérito visible era cargar micrófonos y abrir paso en las giras. Menos de una década después, ese mismo grupo maneja consorcios multimillonarios, adquiere fincas, funda empresas de licores y gastronomía de lujo, y controla los contratos de las obras faraónicas más emblemáticas del país.
La estructura operó bajo un esquema clásico de captura estatal: la colocación milimétrica de incondicionales en los puestos clave del presupuesto, la recaudación y la fiscalización, combinada con una red de contratistas externos encargados de drenar los recursos mediante la adjudicación directa y el tráfico de influencias.
En el centro del tablero de los negocios brilla con luz propia Jorge Amílcar Olán Aparicio. Amigo entrañable de los hermanos López Beltrán, Olán Aparicio pasó de ser un actor marginal a convertirse en un titán de las adquisiciones gubernamentales. A través de la empresa Romedic, fundada apenas en 2020, logró adjudicaciones por más de 490 millones de pesos provenientes del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). El dato resulta escalofriante por donde se le mire: mientras millones de familias mexicanas sufrían el desabasto letal de medicamentos oncológicos e insumos básicos en los hospitales públicos, los amigos del clan levantaban emporios farmacéuticos sobre las ruinas del sistema de salud.
La complicidad no se detuvo ahí. El suministro millonario de balasto para las vías del Tren Maya, los contratos en el Corredor Interoceánico y hasta el arrendamiento de inmuebles de más de 40 millones de pesos al Poder Judicial en Tabasco demuestran la omnipresencia de Olán en los proyectos estratégicos del régimen. Y para cerrar la pinza de la impunidad operativa, en el INSABI despachaba como encargado del abastecimiento Alejandro Calderón Alipi, cuyo hermano, César Mauricio Calderón Alipi, figuraba simultáneamente como socio comercial de Amílcar Olán. Conflicto de interés en estado puro, solapado desde la más alta cúpula.
A la par de los contratos públicos, corrió la sofisticación del patrimonio privado. Entre 2021 y 2025, el propio Andy López Beltrán formalizó empresas como “Vinos Cósmicos”, “Finca Rocío” —el negocio de chocolates que pasó de ser una artesanía familiar a una marca con proyección comercial y traspasos accionariales estratégicos entre hermanos— y, más recientemente en 2025, “Realesco”, constituida en Guadalajara apenas unos meses después de haber asumido la Secretaría de Organización de Morena para incursionar en la operación de bares y restaurantes de alta gama.
El blindaje del modelo fue perfecto porque también cooptó los órganos del Estado. Los nombres colocados en el organigrama público revelan un diseño deliberado de captura institucional: Daniel Asaf Manjarrez, su acompañante en viajes de placer a Tokio y exjefe de la Ayudantía, elevado a diputado federal; Antonio Martínez Dagnino, colocado en la jefatura del Servicio de Administración Tributaria (SAT); Juan Pablo de Botton, administrando las finanzas públicas; Alex Tonatiuh Márquez, en la investigación aduanera; y Carlos Torres Rosas, asumiendo la dirección de la banca de desarrollo en Nacional Financiera. Amigos, compadres y parientes administrando el dinero, auditando las cuentas y cobrando los impuestos.
¿Cómo se explica una bonanza económica de estas dimensiones en tan poco tiempo sin recurrir al abuso descarado del poder? No hay fórmula mágica de emprendimiento que justifique cómo un grupo de jóvenes sin antecedentes empresariales de peso construyó en un abrir y cerrar de ojos un emporio de proveeduría médica, construcción ferroviaria, bienes raíces y negocios de hospitalidad.
La gravedad del caso trasciende el enriquecimiento ilícito de un grupo de cortesanos. Con el retiro de la visa a López Beltrán y el escrutinio de Washington sobre sus operadores, la red de Andy se ha convertido en el mayor pasivo reputacional y de gobernabilidad para el actual gobierno federal. Claudia Sheinbaum hereda no solo la sombra de una dinastía que pretendía extender su hegemonía hacia el 2030, sino un escándalo transfronterizo que amenaza con dinamitar la confianza de los mercados y complicar la relación bilateral con Estados Unidos. El relato de la superioridad moral ha quedado pulverizado bajo el peso de las actas constitutivas, las transferencias bancarias y las grabaciones de contratistas que presumían “hacerse millonarios” al amparo del apellido presidencial. Lo que hoy vemos es la caída del velo: el régimen que prometió desterrar la corrupción no la eliminó; simplemente la privatizó en favor de una nueva y voraz oligarquía nacida en el calor del Palacio Nacional.
