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Por: Víctor R. Hernández
La presidenta Claudia Sheinbaum salió a su Segundo Informe con una cifra que pone en claro que el dinero que ponemos diariamente los mexicanos, tienen como destino la propaganda morenista y no el reparto equitativo para la obra pública y programas estratégicos para estados y municipios.
De acuerdo con la información dada a conocer ayer por la misma Sheinbaum Pardo, en su segundo informe, los ingresos del gobierno federal alcanzaron una cifra histórica de 6 billones 46 mil millones de pesos en 2025, 487 mil millones de pesos más que en 2024. Para afianzar la narrativa de solvencia absoluta, agregó que, al cierre de agosto de 2026, la recaudación registra 149 mil millones de pesos más respecto al mismo periodo del año previo. La moraleja oficial se escribe sola: hay recursos, hay disciplina fiscal y hay Estado.
Hay dinero, sí. La interrogante que ningún informe contesta es para quién.
Porque la misma administración federal que presume récords de captación le recortó a estados y municipios el gasto federalizado, le arrebató el 10% del FAIS a los 2,477 ayuntamientos del país, desfondó el FASSA en 23 entidades y, en cuanto la captación del ISR flaqueó, trasladó la factura a las tesorerías locales. El excedente ya no se distribuye por la Ley de Coordinación Fiscal; se reparte desde Palacio Nacional, con sello y logotipo.
El espejismo descansa en la trampa de las tres cajas
La primera es la que exhibió Sheinbaum: ingresos del gobierno central, nominales y vistosos. La segunda es la que Hacienda envía al Congreso: ingresos presupuestarios del sector público integrado. A julio de 2026 apenas crecieron 0.9%, con una contracción tributaria del 1% real. El ISR —el impuesto clave que nutre la bolsa compartida con estados y municipios— se desplomó 6.2% (SAT) y hasta 12.9% real en ciertos cortes. El IVA y el petróleo apuntalan el discurso oficial; el ISR desmiente el optimismo.
La tercera caja es la que asfixia al alcalde: la Recaudación Federal Participable. En el primer semestre cayó 3.4% real. Y como de esa bolsa emanan las participaciones, Hacienda admitió un retroceso del 3.6% real para estados y municipios: la primera caída desde la pandemia. El golpe territorial es drástico: Campeche cayó 42.1%, Veracruz 17.4%, Quintana Roo 11.1%, Aguascalientes 10.2% y el Estado de México 4.8%. Veintitrés estados quedaron en números rojos.
Recaudar más en el centro y enviar menos al municipio no es milagro financiero. Es un deliberado diseño político.
La asfixia presupuestaria no arrancó en 2026; viene de fábrica. En 2025, el gasto federalizado aprobado fue 32 mil 300 millones de pesos reales inferior a 2024. El Ramo 33 cayó 4.6%. El FASSA —el fondo con el cual las entidades financiaban clínicas, médicos y medicinas— pasó de 135 mil 589 a 81 mil 220 millones de pesos: 54 mil 369 millones menos que absorbió IMSS-Bienestar. Veintitrés gobernadores firmaron esa cesión, encajando un recorte real promedio del 53%.
Los convenios de descentralización, único margen para inversión regional propia, se desplomaron 40.9%. Y sobre ese terreno cayó el FAISPIAM: esquema que sustrajo el 10% del FAIS de infraestructura básica a los cabildos —casi 26 mil millones de pesos entre 2025 y 2026— para entregarlo mediante asambleas operadas por la Secretaría del Bienestar. El resultado es elocuente: en 2026, el gasto federalizado representó solo 27.8% del presupuesto federal, su nivel más bajo en registros modernos, lejos del 33.8% visto en 2015. Seis puntos presupuestales absorbidos por la Federación.
¿A dónde se fue ese margen? No a la fórmula legal. La fórmula es ciega, institucional y automática: si la bolsa crece, las entidades reciben lo que marca la ley, sin importar filiaciones partidistas. Por eso estorba al poder central.
El recurso se administra mediante subejercicios y programas focalizados. A julio, Hacienda reportaba un subejercicio de 438 mil 703 millones de pesos respecto a lo calendarizado. Esa retención no representa austeridad; constituye liquidez disponible para abrir la llave discrecional cuando el calendario político lo exija. Mientras la inversión física cayó 18.4% entre enero y abril para rebotar abruptamente 62.6% en julio, el gasto social aceleró al 9.2% real, Salud federal al 15.1% y Educación al 8.4%.
Cada peso dispersado desde dependencias centrales lleva rostro, fotografía y tarjeta bancaria. El peso de las participaciones municipales, en cambio, no genera capital político: sostiene la nómina policial, el camión recolector, el bacheo y el combustible de patrullas. Sustituir la fórmula federal por el padrón de beneficiarios no es justicia distributiva; es la edificación de una estructura clientelar orientada a la contienda de 2027.
La narrativa oficial esgrime que en muchos ayuntamientos existía opacidad en estos ramos. Nadie con conocimiento del territorio puede negar vicios históricos locales. Sin embargo, centralizar el abuso no significa resolverlo; significa monopolizarlo. Despojar a municipios y canalizar recursos sin rigor técnico sustituye la debilidad municipal por el arbitrio del Ejecutivo federal.
Mientras el gobierno federal presume 487 mil millones adicionales en 2025 y 149 mil millones extra al cierre de agosto de 2026, el municipio mexicano padece una asfixia fiscal sin precedente. No les retiraron los recursos porque faltara dinero en la caja nacional. Se los quitaron precisamente hoy porque abunda, y en la férrea lógica del poder centralizado, el capital rinde mejores dividendos en el padrón electoral de cada elección que en el municipio libre.
