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Por: Víctor R. Hernández
La tarde del 23 de octubre de 2025, la bebé Judith Alejandra Rivas Ruiz, de un mes de nacida, fue sustraída del área de Neonatología del Hospital Materno Infantil, en el centro de la ciudad de Durango. La menor estaba bajo resguardo hospitalario cuando personal médico notó su ausencia.
Una vez reportada a las autoridades competentes, la Fiscalía General del Estado, Sonia Yadira de la Garza, montó el operativo requerido y por instrucciones del gobernador Esteban Villegas, solicitó refuerzos federales ante la gravedad del caso, de inmediato se recibió la ayuda de la Secretaría de Seguridad federal a cargo Omar García Harfuch.
A petición del gobierno estatal, García Harfuch envió a Durango un grupo de analistas tácticos especializados en secuestros exprés, sustracción de menores y rastreo de rutas urbanas, que de inmediato se coordinaron con la fiscal Yadira de la Garza e iniciaron los trabajos. La prioridad: ubicar a la bebé con vida y sin demoras.
La primera pista concreta vino de las cámaras de seguridad del hospital.
El sistema registró la salida de una mujer no identificada con bata quirúrgica y mochila negra. Se ordenó un barrido digital en cámaras de tránsito cercanas y en menos de 12 horas se reconstruyó el trayecto, desde el hospital hasta una zona comercial del centro. Allí la mujer fue captada saliendo de un baño público con ropa distinta. Simultáneamente se cruzaron datos con empresas de taxi, geolocalización de antenas móviles y transferencias de remesas internacionales.
Un dato llamó la atención. El número telefónico vinculado a Carla Daniela N, había estado en comunicación recurrente con un contacto registrado en Texas, además entre los días 15 y 22 de octubre, Carla recibió tres envíos de dinero por un total aproximado de mil 500 pesos todos desde el mismo remitente.
La fiscal Yadira de la Garza y la Secretaría de Seguridad federal, solicitaron apoyo técnico de la UIF y del Centro Nacional de Inteligencia, para verificar si el flujo de dinero correspondía con movimientos similares en otros estados.
En paralelo los equipos de inteligencia en campo, ya habían logrado identificar la zona donde probablemente se encontraba Carla.
Todo indicaba que la mujer seguía en la ciudad capital y que la bebé aún estaba con vida. El tiempo corría, la orden de cateo fue emitida. La fase crítica del operativo estaba por comenzar.
Durante la madrugada del 25 de octubre a las 2:14 de la mañana se ejecutó el operativo bajo la coordinación directa de Sonia Yadira y la Secretaría a cargo de Omar García Harfuch; un grupo mixto de la Fiscalía de Durango y elementos tácticos federales arribaron al domicilio ubicado en el fraccionamiento Benito Juárez.
La operación fue planeada con precisión quirúrgica sin sirenas, sin errores y con un solo objetivo: entrar y recuperar a la menor. Tras asegurar el perímetro, el equipo irrumpió en la vivienda. En una de las habitaciones se encontraron indicios claros: una sábana blanca manchada de leche materna, pañales sin abrir, biberones nuevos y restos de cabello infantil en el suelo.
En ese mismo cuarto, Carla Daniela N fue encontrada en estado de shock, sola, sin la bebé. Durante el interrogatorio inicial, confesó que al ver en redes sociales que la fiscalía ya había publicado su imagen como presunta responsable, decidió abandonar a la niña en un parque cercano para evitar ser descubierta.
Dijo haberla dejado dentro de una bolsa negra junto a un árbol, cerca de la colonia Hacienda las Flores.
Minutos después de su confesión se activó el rastreo satelital en la zona indicada. A las 3:06 de la mañana, una patrulla localizó la bolsa con la menor dentro viva, envuelta en la misma sábana del hospital.
La bebé fue trasladada de inmediato al hospital más cercano, para evaluación médica. Milagrosamente presentaba signos vitales estables. La fiscal informó personalmente a los padres biológicos de la niña. Su mensaje fue contundente: “Hemos cumplido”.
“No permitiremos que ningún criminal convierta la inocencia en una mercancía. La presión del caso se había resuelto en menos de 48 horas.
El siguiente paso era aclarar el motivo, detrás de todo el fraude emocional y económico que Carla había sostenido durante meses. El motivo detrás del robo, no fue un secuestro tradicional ni una extorsión, fue una mentira planificada con meses de anticipación. Carla Daniela N, fingió un embarazo completo desde el primer trimestre hasta el supuesto parto. En redes sociales publicaba mensajes sobre la espera más hermosa de su vida, subía fotos de ecografías descargadas de internet y hasta simuló baby showers con decoración improvisada. Todo formaba parte de un plan para mantener engañado a su pareja, un hombre que radica en Texas desde hace años y con quien mantenía una relación intermitente.
Según la investigación, Carla le había informado que estaban esperando un hijo juntos y que por su condición médica, no podía viajar. Esa historia le permitía seguir recibiendo dinero. Los registros bancarios muestran que entre junio y octubre de 2025, Carla recibió al menos siete depósitos de entre 200 y 300 dólares, todos enviados por la misma persona desde Estados Unidos.
Con ese dinero costeaba su vida diaria y presuntamente planeaba mudarse a otro estado, una vez que presentara a la recién nacida. Lo que Carla no anticipó fue la complejidad de cuidar a una bebé con necesidades médicas específicas.
Tras sustraerla del hospital, no pudo alimentarla correctamente ni administrar los medicamentos que necesitaba. Ante la presión mediática y el miedo a ser detenida decidió abandonarla.
Para las áreas de investigación de la Fiscalía de Durango y la secretaría de Omar García Harfuch, este caso no es sólo un asunto emocional o mediático, representa un ejemplo claro de cómo se pueden usar las remesas internacionales, para sostener fraudes personales con consecuencias criminales.
Se analiza si hay otros casos similares en la región norte del país y si existe una red informal de mujeres que por necesidad o por manipulación, han cometido delitos similares con base en falsas maternidades.
Una vez detenida, Carla Daniela N fue trasladada al Centro de Readaptación Social de Durango, bajo fuertes medidas de seguridad.
La Fiscalía General del Estado, le imputó formalmente los delitos de sustracción de menores, privación ilegal de la libertad y usurpación de funciones públicas, debido al uso de uniforme médico sin autorización.
Durante la audiencia inicial, el juez de control consideró que existía riesgo de fuga y una alta probabilidad de obstaculización de la investigación, por ello, dictó prisión preventiva oficiosa, mientras avanzan las diligencias del Ministerio Público. La defensa solicitó un plazo constitucional, para presentar pruebas en su favor, pero el material videográfico los testimonios de testigos y la propia confesión de la acusada, consolidan una narrativa contundente en su contra.
La pena por sustracción de menores en México puede alcanzar hasta 60 años de prisión especialmente si se acredita premeditación y daño psicológico a la víctima. La fiscalía de Durango buscará que los tres delitos se juzguen de manera acumulativa, lo que incrementaría el tiempo de condena, mientras tanto, la menor se encuentra bajo observación médica y se espera que en los próximos días se integre un expediente clínico actualizado, para valorar cualquier secuela derivada del cautiverio.
Para las autoridades, este caso debe sentar un precedente ejemplar en todo el país.
El caso de Durango ha dado pie a una teoría que comienza a tomar fuerza entre los equipos de investigación, la existencia de una ruta gris de tráfico neonatal en el norte del país.
Expertos en criminología y derechos humanos advierten que el caso de Durango no es un hecho aislado.
En los últimos 3 años se han reportado intentos similares en hospitales de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, donde recién nacidos fueron momentáneamente sustraídos o se detectaron intentos de acceso ilegal a cuneros. Aunque en la mayoría de los casos no hubo consecuencias fatales el patrón es inquietante. Se trata de mujeres con perfiles similares vulnerables, con presiones económicas o emocionales y dispuestas a todo por sostener una mentira o evadir el abandono.
Por ello, se ha solicitado una revisión integral de los protocolos hospitalarios a nivel federal. No se puede dejar de lado que los hospitales se conviertan en zonas grises donde el crimen se disfrace de bata blanca. Las investigaciones continúan.
Tras la recuperación exitosa de la menor y la captura de Carla N, ha trascendido que pronto se presentará una una iniciativa nacional bautizada como “Plan Harfuch 24 Pulgadas” enfocada en reforzar la seguridad hospitalaria particularmente en áreas neonatales.
El plan propone la implementación obligatoria de pulseras con tecnología NFC para todos los recién nacidos en hospitales públicos, permitiendo su monitoreo en tiempo real y emitiendo alertas automáticas si se detecta una salida no autorizada. Además se exigirá que toda persona que acceda a zonas de cuneros, cuente con doble verificación gafete electrónico y lectura biométrica.
También se proponen auditoría sorpresa en hospitales de alto riesgo, especialmente en entidades donde se han reportado intentos previos de sustracción. La unidad de inteligencia encargada del caso en Durango, será la misma que revisará los protocolos en hospitales de Zacatecas, Chihuahua, Coahuila y Sonora.
A nivel legislativo ya se discute una modificación a la Ley General de Salud, para incluir sanciones directas a instituciones médicas que no cumplan con los nuevos estándares de seguridad.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, habilitó una línea anónima, para que personal médico, pacientes o familiares, denuncien fallas de seguridad en hospitales. “Es tiempo de que los hospitales vuelvan a ser espacios sagrados para la vida”, comentó el secretario de seguridad.
El caso de Carla N, estremeció al país no solo por la frialdad del acto sino por la forma en que expuso vulnerabilidades en uno de los espacios más protegidos, el hospital neonatal. Gracias a una operación coordinada con precisión, entre las instituciones de seguridad de Durango y el gobierno federal, se logró recuperar con vida a la menor y detener a la principal responsable.
Pero la historia no termina aquí ¿Quién más sabía del plan? ¿fue realmente Anabel una cómplice o solo una pieza mal colocada? ¿Existen más Carlas operando en la sombra fingiendo embarazos, cobrando remesas y robando bebés?
La historia continuará ya que del teléfono de Carla sigue surgiendo más información.
