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Por: Víctor R. Hernández
La esperada reacción que el pasado lunes exhibió la presidenta Caludia Sheinbaum, tras los insistentes cuestionamientos sobre el impactante asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, deja en claro que, una vez más, los gobiernos de Morena le apuestan a que el tiempo cicatrice este tipo de heridas sociales, y no la aplicación de la justicia. “Ya se abrieron carpetas de investigación”; “investigaremos hasta sus últimas consecuencias”. “no descansaremos hasta dar con los responsables”. “Aplicaremos todo el peso de la ley”…lo mismo de siempre.
Hay dos elementos inmediatos que sostienen, de nueva cuenta, la presunción de que como otros cientos de casos, el de Carlos Manzo, quedará, también en la impunidad.
1- La estrategia del victimismo. En su columna de ayer martes, en El Financiero, Salvador Camarena critica la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
En lugar de enfocarse en los responsables del crimen, la mandataria se mostró más enfática en denunciar a sus críticos y adversarios políticos en redes sociales, a quienes acusó de orquestar una “conspiración” o manifestación antigubernamental con fines políticos.
Sheinbaum reveló haber solicitado una “investigación” o “revisión de las cuentas” de redes sociales, alegando que existe “muchísimo dinero involucrado” para impulsar tendencias falsas, lo que el columnista subraya como una acción que levanta serias preguntas sobre las libertades de expresión y manifestación, al involucrar a altos mandos de seguridad en la pesquisa.
El autor cuestiona la pertinencia de investigar el financiamiento en redes sociales en el contexto de un homicidio que estremecido e indignado a la población mexicana y siembra dudas sobre el tipo y alcance de esta vigilancia a las redes sociales.
2- El cobijo de Morena a Ramírez Bedolla. El apresurado respaldo de los gobernadores apoyando a Alfredo Ramírez Bedolla, a quien Carlos Manzo acusó reiteradamente de estar en contubernio con los grupos criminales, ofreciendo pruebas contundentes. La misma estrategia de apoyo que se siguió cuando Rubén Rocha Moya enfrentaba el acoso de los grupos criminales y el repudio de la población.
Ayer abordamos la posibilidad de que la ejecución de Carlos Manzo, se convirtiera en un parteaguas, en un antes y un después en el verdadero combate a la criminalidad que sigue campeando a sus anchas en casi todo el territorio nacional. Sin embargo, para que se logre esta aspiración, se requiere más que buenos deseos, una sociedad dispuesta a trabajar sin descanso, para exigir al Estado, cambie su posición de participar pasiva y activamente con los grupos criminales.
Sólo el activismo ciudadano organizado logrará someter a una verdadera tensión, la urgente necesidad de forzar una ruptura estructural para desmantelar la empresa criminal continua que ha crecido y fortalecido con los sexenios, y la actual estrategia de la cúpula política de Morena, marcada por la impunidad y la protección de altos funcionarios.
Los elementos que la ciudadanía deberá tomar en cuenta, para de hoy en adelante, observar el comportamiento de nuestras autoridades, es el siguiente:
1. La Estrategia de Contención del Estado Criminal
La voluntad política, del actual gobierno liderado por Claudia Sheinbaum, observada por los especialistas, se centra en mantener los casos sobre graves delitos federales de su gobierno”acotados” y en impedir que asciendan a las figuras de más alta jerarquía.
- Minimización de Escándalos: La respuesta del Estado, incluyendo a la Fiscalía General de la República (FGR) y el poder político, es evitar ver el “monstruo de la red de macrocriminalidad”. Se busca mantener el caso del huachicol fiscal, por ejemplo, en el nivel más bajo posible. Ya han pasado semanas de que se tocó el tema, y no se informa sobre los avances de las supuestas investigaciones.
- Encubrimiento y Demoras: Esta estrategia se evidencia en acciones como la apresurada exoneración del exsecretario de Marina, a pesar de que la investigación apenas lo toca, y el retraso de dos años por parte de la FGR en actuar sobre la denuncia. Esto es interpretado como un esfuerzo por mantener lo más acotado posible el caso.
- Dimensión del Saqueo: La magnitud de esta corrupción es tal que el caso Segalmex “palidece ante esto”, pues el huachicol fiscal representa entre 20, 30, 40 o 50 veces más que Segalmex en términos de desfalco.
- Confirmación del Estado Criminal: La persistencia de esta dinámica de complicidad y la extracción de rentas por parte de la élite refuerza la conclusión de que existe un “estado criminal” que genera “gobernanza criminal” en el territorio.
2. La Complicidad de la Cúpula y la Financiación Política
La falta de voluntad para desmantelar estas redes se explica por la infiltración directa de estas estructuras en el partido en el poder:
- Vínculo Partidista: El dinero ilícito de esta macrocriminalidad está “documentado”, fue a dar a campañas de Morena, al menos en 2021. Y los casos concretos están con los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y en Tamaulipas, Américo Villarreal.
- Implicaciones de Altos Funcionarios:
- Adán Augusto López Hernández es señalado en la investigación federal sobre el huachicol fiscal (dirigido por los hermanos Farías Laguna de la Marina), debido a que el concesionario del recinto fiscal 289 —utilizado para el contrabando de 69 buques— tenía lazos y “muy buena amistad” con él, y una empresa asociada fue constituida en su notaría en Tabasco.
- Otros personajes cercanos al expresidente, como Alfonso Romo (jefe de la oficina de la presidencia) y el General Luis Cresencio Sandoval (Secretario de la Defensa), han sido señalados en escándalos o investigaciones por vínculos con redes de corrupción o crimen.
- Protección de Aliados: Los operadores políticos han intentado mantener las investigaciones “a dos niveles de distancia del presidente de la República”, buscando proteger a figuras como el exsecretario de Marina, Adán Augusto López y los gobernadores ligados a los escándalos.
3. La Ruptura Necesaria: El Equivalente a Juan Manuel Santos
Los especialistas ven que el único camino para una solución estructural exige una ruptura radical del status quo:
- El Desafío Histórico: Si la presidenta quiere mostrarse “distinta” y pasar a la historia de alguna manera, tendría que “romper no nada más con con López Obrador sino con toda la coalición que que la llevó ahí“. Esto implicaría jalar toda la hebra de la corrupción.
- El Modelo Colombiano: El equivalente de este acto de voluntad política es la acción del expresidente colombiano Juan Manuel Santos. Santos, quien venía del uribismo (era secretario de la defensa de Uribe), “rompe con eso” y “abre la cloaca
de la política colombiana”. Esto permitió iniciar un “proceso en serio de mecanismos extraordinarios de verdad y justicia que purguen al Estado mexicano”.
- Pronóstico Actual: La perspectiva dominante es que no existe la voluntad para esta ruptura. Se espera que el gobierno “cierre más las filas” para proteger a la “cúpula más alta de esta red, como Adán Augusto o los hijos de AMLO”. Esto condena al proceso a ser “anecdótico en un mes”, como regularmente sucede.
