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Por: Víctor R. Hernández
En Durango, la semana pasada el aire se llenó de reclamos justificados. A nadie le gusta que le toquen el bolsillo, y el aumento al impuesto predial ha sido el detonante perfecto para que la oposición local huela sangre y se lance a la yugular del gobierno municipal de Toño Ochoa. La narrativa es fácil, pegajosa y populista: “el alcalde insensible que cobra más”.
Pero quedarse en esa lectura es de una miopía política imperdonable. Es ver el árbol que cae y no el bosque que se incendia. Lo que ocurre en Durango no es un acto aislado de voracidad recaudatoria local; es el síntoma agudo de una enfermedad nacional diseñada fríamente desde el centro del país.
Para entender el recibo del predial en Durango, hay que voltear a ver lo que está haciendo Morena y la 4T a nivel federal en este arranque de 2026.

1- La gran mentira fiscal de la 4T
Los documentos y análisis nacionales no mienten: la promesa de “no más impuestos” se rompió hace mucho. El 2026 arrancó con lo que la prensa especializada llama una “avalancha de ajustes”. El gobierno federal está exprimiendo a los ciudadanos vía IEPS en gasolinas, bebidas azucaradas y cigarros. Son impuestos “invisibles”, cobrados en la caja del Oxxo, que llenan las arcas federales sin que el ciudadano culpe directamente al presidente.
La Federación cobra en silencio, pero gasta haciendo ruido.
2- La estrategia de la asfixia
Aquí es donde entra la perversidad del modelo actual. El Gobierno Federal ha centralizado el presupuesto como nunca antes en la historia moderna. Se han quedado con el dinero “dulce”, el que sirve para repartir en programas sociales y construir clientelas electorales. Para 2026, hablamos de una bolsa de un billón de pesos para el Bienestar.
¿Y qué le dejan a los municipios? Las sobras y los problemas. El federalismo ha muerto por inanición. La estrategia centralista es clara: estrangular financieramente a los gobiernos locales, especialmente a los de oposición, recortándoles participaciones y fondos para seguridad e infraestructura.
El objetivo es convertir a los alcaldes en simples pagadores de nómina, incapaces de tapar un bache o cambiar una luminaria sin tener que ir a mendigar recursos a la Ciudad de México.

3- Durango: entre la espada y la pared
Este es el contexto real en el que Toño Ochoa y su cabildo tomaron la impopular decisión del predial. Los números internos eran dramáticos: de cada peso que ingresaba al municipio, 96 centavos ya estaban comprometidos en nómina y gasto operativo corriente. Quedaban 4 centavos para obra pública. Cuatro centavos.
El gobierno municipal tenía dos opciones: seguir “administrando la miseria”, nadando de muertito hasta el 2027 mientras la ciudad se deteriora, o asumir el costo político de buscar ingresos propios para tener un mínimo margen de maniobra. Eligieron lo segundo. Es una apuesta de alto riesgo: cambiar capital político presente por gobernabilidad financiera futura.
El aumento del predial en Durango no es un capricho; es un acto de supervivencia fiscal ante un gobierno federal que ha decidido que los municipios son prescindibles si no llevan el color del partido en el poder.
4- El objetivo es el 2027
No nos engañemos. Esta asfixia no es técnica, es política. El objetivo final es la elección intermedia de 2027. La 4T necesita llegar a esa fecha con alcaldes de oposición débiles, sin obra que presumir, enfrentados con su ciudadanía por temas de impuestos. Mientras tanto, la maquinaria federal aceitará el territorio con ese billón de pesos en apoyos directos. Es una guerra asimétrica donde el dinero público se usa como arma de demolición política. Cuando pague su predial, ciudadano, está en su derecho de exigir resultados inmediatos al gobierno local. Pero no pierda de vista quién es el verdadero arquitecto de esta crisis. La mano que aprieta el cuello de las finanzas municipales no está en Durango; opera desde Palacio Nacional, diseñando la próxima elección con el dinero de todos.