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Por: Jesús J. Hernández G.
El 2026 se perfila como un año decisivo para la economía de Durango. Los empresarios enfrentan una combinación compleja: mayor carga fiscal federal y estatal, incremento al salario mínimo, aumento en el costo real de la nómina y una fiscalización más estricta. Este escenario obliga a replantear no solo las finanzas empresariales, sino también la estrategia económica del estado.
En el ámbito federal, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) continúa siendo el principal gravamen para empresas y trabajadores. A ello se suma el aumento al salario mínimo —estimado en alrededor del 13 %— que, si bien mejora el ingreso de los trabajadores, eleva de manera automática las cuotas patronales al IMSS, INFONAVIT y AFORE. En términos reales, el costo por empleado puede incrementarse entre 30 y 40 % por encima del salario nominal, un impacto especialmente sensible para las micro, pequeñas y medianas empresas, que concentran la mayor parte del empleo formal en Durango.
A nivel estatal, la presión se acentúa con una mayor recaudación proyectada para 2026, impulsada principalmente por el Impuesto Sobre Nómina (ISN) y una ampliación del padrón de contribuyentes. Aunque estas medidas buscan fortalecer las finanzas públicas, su aplicación en un contexto de desaceleración económica puede limitar la inversión privada, frenar la generación de empleo y reducir el dinamismo económico local.
Frente a este panorama, las empresas también enfrentan una oportunidad de transformación interna. La presión fiscal obliga a revisar procesos, identificar ineficiencias y adoptar mejoras operativas. La automatización de tareas administrativas, la optimización de cadenas de suministro, la reducción de desperdicios y una gestión más eficiente de la energía pueden generar ahorros que amortigüen el impacto de impuestos y costos laborales más altos. Las empresas que apuesten por la eficiencia no solo resistirán mejor el 2026, sino que saldrán fortalecidas.
Otro frente clave es la planeación financiera y fiscal. Una correcta aplicación de deducciones, el orden contable, el uso de tecnología para control financiero y una estrategia fiscal bien estructurada permiten reducir riesgos, evitar sanciones y mejorar la toma de decisiones. En un entorno de mayor fiscalización, profesionalizar la administración ya no es opcional, es una condición de supervivencia.
No obstante, el riesgo macroeconómico permanece. Una carga fiscal elevada puede incentivar la informalidad o la cancelación de proyectos productivos, afectando directamente al empleo formal. Menos empleo significa menor consumo, menor actividad económica y, paradójicamente, una base recaudatoria más débil para el propio Estado.
Aquí surge la comparación inevitable: ¿qué estados ofrecen hoy mejores condiciones para la inversión? Entidades como Nuevo León, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua mantienen esquemas más competitivos gracias a una combinación de incentivos fiscales, infraestructura, certeza regulatoria y una política activa de atracción de inversiones. En estos estados, el costo de hacer empresa es más predecible y el entorno económico más favorable que en regiones donde la carga fiscal crece sin estímulos paralelos al desarrollo.
El desafío para Durango en 2026 es doble. Para las empresas, el reto es adaptarse mediante eficiencia, innovación y profesionalización. Para el gobierno, el desafío es construir una política fiscal equilibrada que recaude sin asfixiar, que fortalezca las finanzas públicas sin debilitar al sector productivo.
Porque al final, el crecimiento económico no se decreta ni se cobra: se construye. Y se construye con empresas fuertes, empleo formal y un entorno fiscal que entienda que sin competitividad no hay inversión, y sin inversión no hay desarrollo.
