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En un paso histórico para la protección de las familias, el Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo es contundente: establecer que el sistema penitenciario del país opere bajo un régimen que garantice el pago de las obligaciones alimentarias de aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad.
El fin del abandono familiar por reclusión
La iniciativa, impulsada originalmente por el Grupo Parlamentario del PAN, busca cerrar un vacío legal que históricamente ha dejado en la desprotección a miles de niñas y niños. Durante la aprobación del dictamen, el diputado Fernando Rocha Amaro fue enfático al señalar que la pérdida de la libertad personal no debe ser una licencia para el abandono de las responsabilidades familiares.
“La reclusión no puede significar el olvido de los deberes básicos. Cuando una persona entra a prisión, sus hijos no deben pagar el costo de sus omisiones. Esta propuesta reconoce que la responsabilidad alimentaria es un deber permanente”, afirmó el legislador.
Reinserción social con responsabilidad individual
El proyecto plantea que una verdadera reinserción a la sociedad no puede construirse sobre la base del abandono de los hijos. Al implementar mecanismos que aseguren el cumplimiento de la pensión alimenticia dentro de las cárceles, se busca fortalecer tres pilares fundamentales:
- Justicia Social: Protección directa a los sectores más vulnerables de la población.
- Responsabilidad Individual: Fomentar que el interno mantenga el vínculo y compromiso con su núcleo familiar.
- Dignidad de la Infancia: Asegurar que el interés superior de la niñez prevalezca sobre la situación jurídica del progenitor.
Durango como referente nacional en protección familiar
Con esta decisión, el Congreso local envía un mensaje claro al resto del país: en Durango, la familia es el eje central de la vida social. Al elevar esta propuesta al nivel federal, se busca que el Estado mexicano asuma su papel como garante de que ningún menor se quede sin el sustento necesario debido al proceso judicial de sus padres.
“Garantizar que las personas privadas de la libertad sigan cumpliendo con sus familias previene la desprotección y contribuye a construir una sociedad más humana”, concluyó Rocha Amaro durante la sesión ordinaria.
