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Con el objetivo de romper el círculo vicioso de falta de inversión y mal servicio, el diputado Martín Vivanco Lira presentó una iniciativa para reformar la Ley de Agua del Estado. Esta propuesta busca dotar a los ayuntamientos de herramientas administrativas más potentes para asegurar que el agua que ya se consume sea cobrada de manera justa y eficiente, garantizando así recursos para modernizar la red hidráulica en los 39 municipios.
Fortalecer al municipio sin quitarle autonomía
El legislador de Movimiento Ciudadano fue enfático al aclarar que esta reforma no pretende centralizar el recurso ni restar facultades a los alcaldes. Por el contrario, el servicio y los ingresos seguirán siendo estrictamente municipales. La innovación radica en permitir que el Estado, a través de la Comisión del Agua o la Secretaría de Finanzas, colabore en la recaudación mediante convenios voluntarios, aportando su capacidad técnica y jurídica para fortalecer las arcas locales.
“Hoy los municipios enfrentan una paradoja: tienen la obligación constitucional de dar agua, pero carecen de la estructura para cobrarla correctamente. Se factura menos de lo que se distribuye porque los padrones no son confiables y la medición es insuficiente”, explicó Vivanco Lira.
El fin del círculo vicioso: Menos rezago, más inversión
La falta de una cobranza efectiva genera un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Al recaudar menos, los organismos operadores no tienen capital para reparar fugas, mejorar la presión o ampliar la cobertura, lo que deriva en un servicio deficiente y un mayor rezago social.
La iniciativa plantea que, con el apoyo administrativo del Estado, los recursos recaudados pertenezcan íntegramente a los municipios, permitiéndoles reinvertir ese dinero en:
- Mantenimiento urgente de tuberías y pozos.
- Actualización tecnológica de los sistemas de medición.
- Ampliación de la red de agua potable a zonas vulnerables.
Innovación administrativa: Organismos intermunicipales
Como parte de esta visión de eficiencia, la reforma también abre la puerta a la creación de organismos operadores intermunicipales. Este modelo permitiría que dos o más ayuntamientos vecinos compartan costos operativos y fortalezcan su escala administrativa, reduciendo gastos burocráticos y enfocando el presupuesto en lo que realmente importa: que el agua llegue de forma constante y limpia a los hogares duranguenses.
Con esta propuesta, el Congreso del Estado busca profesionalizar la gestión del agua, asegurando que la infraestructura hidráulica sea sostenible y responda a las necesidades de crecimiento de cada comunidad.
