Tiempo de lectura aprox: 56 segundos
En un movimiento que busca saldar una deuda histórica con las comunidades más vulnerables, la diputada Georgina Solorio García anunció que la Nueva Ley General de Aguas marca un antes y un después en la gestión del recurso vital en el país. Bajo esta nueva legislación, el agua deja de ser un “negocio privado” para convertirse en un pilar de justicia social.
¿Qué cambia con esta ley?
El objetivo principal es garantizar el derecho humano al agua y frenar los abusos que permitieron el acaparamiento durante décadas. Entre los puntos más relevantes destacan:
- Prioridad Social: El acceso equitativo para familias y pequeños productores ahora está por encima de cualquier interés privado.
- Fin al Mercado de Concesiones: Se prohíbe la transmisión de concesiones entre particulares, evitando que el agua se comercialice de manera indebida.
- Mano Dura contra la Ilegalidad: Se fortalecen las sanciones para quienes exploten el recurso fuera de la ley o cambien su uso de forma injustificada.
Resultados tangibles
La legisladora resaltó que, gracias al trabajo conjunto con Conagua, ya se ven frutos concretos:
- Recuperación de Concesiones: Inspecciones y clausuras han permitido retomar el control de volúmenes de agua que se usaban para lucro personal.
- Trámites en Marcha: Se han concluido más de 9,500 trámites en beneficio directo de comunidades rurales y campesinos.
- Regularización Vigente: Existe un decreto de facilidades administrativas activo hasta el 28 de abril de 2026, diseñado para que los usuarios puedan poner sus papeles en regla hacia un sistema más transparente.
“El agua no puede seguir siendo botín ni privilegio”, enfatizó Solorio, subrayando que esta transformación busca que el líquido regrese a quienes realmente lo necesitan para vivir y producir.
