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Con el objetivo de garantizar que cada peso de los duranguenses haya sido utilizado con honestidad y eficiencia, el Congreso del Estado puso en marcha formalmente el proceso de fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal reciente. Esta acción marca el inicio de una revisión exhaustiva que involucra a los 39 ayuntamientos, al Gobierno del Estado y a todos los organismos autónomos de la entidad.
Un mandato constitucional por la transparencia
En cumplimiento estricto de la Ley de Fiscalización Superior y la Constitución Política local, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ernesto Alanís Herrera, realizó la entrega oficial de la documentación a la Auditoría Superior del Estado (ASE), encabezada por la auditora Diana Gabriela Gaitán Garza.
Este acto protocolario, que contó con la fe del secretario general del Congreso, David Enríquez Díaz, asegura que el Poder Legislativo cumpla en tiempo y forma con su obligación de vigilar el origen y destino de los recursos públicos.
¿Qué se revisará en este proceso?
La fiscalización no es un trámite superficial; se trata de una evaluación técnica profunda de la gestión financiera de cada ente público. Los auditores de la ASE tienen la facultad de:
- Verificar la recaudación: Comprobar que los ingresos se hayan obtenido y administrado bajo los términos de ley.
- Auditar el gasto: Investigar el manejo, custodia y aplicación de los recursos en programas y obras.
- Analizar la deuda: Revisar la situación de la deuda pública y el cumplimiento de las obligaciones financieras.
Durante este periodo, la Auditoría Superior podrá solicitar toda la información adicional que considere necesaria para esclarecer cualquier duda sobre el manejo del presupuesto público.
Resultados y rendición de cuentas
El camino hacia la transparencia tiene fechas fatales. De acuerdo con la normativa vigente, la Auditoría Superior del Estado deberá entregar los Informes de Resultados al Congreso a más tardar el último día hábil del mes de julio.
Una vez recibidos, los informes pasarán a manos de las y los legisladores de la Comisión de Hacienda, quienes analizarán detalladamente los hallazgos para determinar si la gestión de cada municipio y organismo fue correcta o si existen irregularidades que deban ser sancionadas. Con este proceso, Durango reafirma su compromiso con la rendición de cuentas como pilar fundamental de la democracia.
