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DURANGO, DGO. – En un país donde el origen étnico, una discapacidad o la situación migratoria pueden dictar el destino legal de una persona, el diputado Bernabé Aguilar Carrillo ha levantado la voz. Su propuesta: una reforma profunda a la Ley del Instituto de la Defensoría Pública para garantizar que la justicia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho real para todos.
El fin de las barreras invisibles
Aguilar Carrillo fue contundente: el derecho a una defensa adecuada no debe tener condiciones. Lamentablemente, las instituciones encargadas de brindar asesoría legal gratuita no han sido ajenas a prácticas discriminatorias, creando barreras estructurales que bloquean el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables.
“No se trata solo de modificar una ley, se trata de transformar la manera en que el Estado responde a quienes más lo necesitan”, sentenció el legislador.
Justicia en números: La urgencia del cambio
Basándose en datos del INEGI, el diputado destacó la magnitud del reto:
- Más de 25 millones de personas en México se reconocen como indígenas.
- Cerca del 6% de la población vive con alguna discapacidad.
- Miles de migrantes enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad a diario.
¿En qué consiste la reforma?
La iniciativa no se queda en buenas intenciones; propone acciones concretas y obligatorias para el personal de la Defensoría Pública:
- Capacitación obligatoria en derechos humanos.
- Protocolos de atención con enfoque intercultural e incluyente.
- Sistemas de registro y seguimiento para detectar y castigar actos discriminatorios.
- Mecanismos medibles para asegurar que el cambio sea permanente.
Alianza con la transformación social
Esta propuesta se alinea con los principios de poner en el centro a los grupos históricamente olvidados. Al erradicar la discriminación desde la raíz institucional, se busca que los pueblos originarios y las personas con discapacidad finalmente encuentren en el Estado un aliado y no un obstáculo.
