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Con el firme objetivo de garantizar que quienes cuidan a los ciudadanos sean empresas confiables y profesionales, el diputado Iván Soto Mendía presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Privada del Estado. Esta propuesta busca fortalecer el marco jurídico, establecer reglas claras y, sobre todo, definir causales estrictas para la revocación inmediata de permisos a empresas que operen fuera de la ley.
La seguridad pública por encima de intereses particulares
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, Soto Mendía destacó que prestar servicios de seguridad privada no es un derecho absoluto, sino una concesión condicionada al interés público. El legislador fue enfático al señalar que Durango necesita un sistema más transparente y responsable que no represente un riesgo para la sociedad.
“El Estado solo permite esta actividad cuando se demuestra que se cumplen estrictamente las disposiciones legales”, subrayó al recordar que la ley actual, vigente desde 2016, es perfectible y requiere actualizarse para enfrentar los retos actuales.
¿Cuáles serían los motivos para revocar un permiso?
La reforma plantea situaciones específicas y graves que obligarían a la autoridad a retirar de manera definitiva la autorización a una empresa de seguridad, entre las que destacan:
- Falsificación de información: Entregar documentación falsa durante trámites o revisiones oficiales.
- Falta de control de confianza: Contratar personal sin la aprobación previa de los exámenes de control de confianza obligatorios.
- Uso indebido de insignias: Utilizar vehículos o uniformes con logotipos, colores o escudos que se confundan con los de las instituciones oficiales de seguridad pública.
- Posesión de armas prohibidas: Detectar armamento no autorizado o de uso exclusivo del Ejército en manos de sus elementos.
- Vínculos con el delito: El uso de recursos de procedencia ilícita o la participación de personal en delitos graves como la desaparición forzada.
Un respaldo para las empresas profesionales
El diputado Iván Soto aclaró que esta iniciativa no tiene como fin obstaculizar a quienes trabajan de manera ética y profesional. Al contrario, al limpiar el sector de empresas irregulares o peligrosas, se brinda mayor certeza jurídica y competitividad a las corporaciones que sí cumplen con sus registros y capacitaciones.
Con esta reforma, el Congreso de Durango busca enviar un mensaje claro: la seguridad de las familias duranguenses es la prioridad, y solo aquellas empresas que demuestren honorabilidad y estricto apego a la ley podrán seguir operando en la entidad.
