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En un llamado urgente a la sensibilidad y la eficiencia, el Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno Federal, a la Secretaría de Bienestar y al Banco del Bienestar, una ampliación inmediata de su red de cajeros y ventanillas. El objetivo es claro: que los beneficiarios, especialmente adultos mayores, dejen de sufrir calvarios para cobrar sus apoyos.
Una tragedia que sacudió a la capital
La iniciativa, presentada por la diputada Dany Soto Hernández, surge tras el lamentable fallecimiento de una persona adulta mayor la semana pasada en pleno Centro Histórico de Durango. La víctima esperaba retirar su apoyo en la sucursal de 20 de Noviembre y Bruno Martínez cuando ocurrió la tragedia, un hecho que la legisladora sentenció que “no puede normalizarse”.
El calvario de cobrar el Bienestar
Soto Hernández denunció que el caso de Durango no es aislado. En todo el país se han documentado incidentes similares provocados por una infraestructura que ha resultado insuficiente:
- Filas kilométricas bajo la intemperie.
- Falta de efectivo constante en los cajeros.
- Caídas del sistema que obligan a regresar otro día.
- Saturación extrema en las pocas sucursales existentes.
La propuesta: Cobro sin comisiones en cualquier banco
Aunque se presume la construcción de más de 2,700 sucursales en México, la realidad en las calles demuestra que no es suficiente para garantizar un acceso digno a las personas con discapacidad y adultos mayores.
Por ello, el Congreso local pide gestionar convenios para que los beneficiarios puedan retirar sus recursos en cualquier institución bancaria sin el cobro de comisiones, eliminando así las aglomeraciones peligrosas en los Bancos del Bienestar.
Un derecho constitucional con responsabilidad
La diputada recordó que, si bien estos apoyos ya tienen rango constitucional, este avance debe acompañarse de responsabilidad operativa. “La entrega directa de recursos debe evaluarse integralmente desde su diseño hasta que llega efectivamente a manos de los beneficiarios”, subrayó, enfatizando que la política pública no termina en la transferencia, sino en que el ciudadano pueda disponer de su dinero con seguridad y dignidad.
