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Con el objetivo de crear un Registro de Información para la Reinserción Laboral, una herramienta indispensable para fortalecer la reintegración social y reducir los índices de reincidencia delictiva, la diputada Sughey Torres Rodríguez propuso modificar la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado.
“El acceso a un empleo digno y estable es uno de los factores más determinantes para que una persona que recupera su libertad pueda reconstruir su proyecto de vida, superar la vulnerabilidad económica y evitar el retorno a círculos delictivos”, destacó al realizar la ampliación de motivos.
Por ello, propuso que el Patronato cuente con una Base de Información para la Reinserción Laboral, estructurada y actualizada mediante convenios con el sector público, privado y organizaciones civiles, a fin de identificar vacantes, generar alianzas estratégicas, ofrecer capacitación y vincular perfiles adecuados.
Durante su intervención, informó que, a nivel nacional, más del 60 por ciento de las personas que egresan de un centro penitenciario enfrentan dificultades severas para acceder a un empleo formal debido al estigma social, la desconfianza de los empleadores y la falta de certificaciones de habilidades.
La integrante del Grupo Parlamentario del PRI señaló que esta barrera es especialmente injusta para quienes fueron sentenciados por delitos culposos, como accidentes de tránsito u otros hechos sin intención de causar daño, ya que se trata de personas que no representan un riesgo social alto y que requieren una oportunidad real para reconstruir su vida.
Torres Rodríguez agregó que, en Durango, el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social desempeña un papel esencial al brindar acompañamiento a quienes obtienen su libertad definitiva y requieren orientación, apoyo y herramientas para reintegrarse de manera productiva y responsable.
Sin embargo, subrayó que uno de los mayores obstáculos que enfrentan las personas liberadas, particularmente aquellas sentenciadas por delitos culposos, es la falta de oportunidades laborales formales, lo que las coloca en condiciones de vulnerabilidad, precariedad económica y riesgo de reincidencia.
Finalmente, resaltó que la reinserción social es un eje fundamental y garantizar este derecho permite que las personas que han cumplido su pena puedan reincorporarse a la sociedad en condiciones que impulsen su desarrollo personal y contribuyan al fortalecimiento de la seguridad pública
