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VICTORIA DE DURANGO, DGO. – El patrimonio y la tranquilidad de quienes dedicaron su vida a construir nuestra sociedad ya no estarán desprotegidos. Ante el aumento de casos donde adultos mayores son despojados de sus ahorros o propiedades por personas de su entera confianza, el Congreso del Estado analiza una reforma al Código Penal para tipificar específicamente el delito de Explotación Financiera.
La iniciativa, presentada por el diputado Héctor Herrera Núñez, busca poner fin a la impunidad en casos de manipulación, retención de tarjetas de pensión o despojo de bienes, conductas que hoy afectan a miles de duranguenses mayores de 65 años.
Mano dura contra el abuso de confianza
La propuesta legislativa de Morena no es tibia. Establece penas de cuatro a ocho años de prisión y multas que pueden alcanzar las 500 UMAs. Pero lo más importante es que identifica el abuso desde la raíz:
- ¿Quién comete el delito?: Cualquier persona (familiar, tutor o empleado) que disponga del dinero o bienes de un adulto mayor sin su consentimiento libre.
- Agravante especial: Si el abuelito presenta alguna discapacidad o condición de salud que le impida defenderse, la pena aumentará hasta en un 50%.
“Estamos hablando de casos dolorosos donde se aprovechan de la dependencia emocional o el estado de salud de nuestros adultos mayores. No podemos permitir que quienes trabajaron toda su vida sufran explotación en su propia casa”, enfatizó Herrera Núñez.
Un delito que se perseguirá “de oficio”
Uno de los cambios más revolucionarios de esta reforma es que el delito se perseguirá de oficio. Actualmente, muchos adultos mayores no denuncian por miedo, vergüenza o porque el agresor es un hijo o nieto. Con este cambio, la autoridad podrá actuar en cuanto tenga conocimiento del abuso, sin esperar a que la víctima venza el temor de señalar a un familiar.
¿Por qué era necesaria esta ley?
Aunque existen figuras como el “abuso de confianza”, el diputado explicó que el marco legal actual es insuficiente para la complejidad del entorno familiar. La nueva ley reconoce la vulnerabilidad específica de este sector y envía un mensaje claro: los bienes y la pensión de los adultos mayores son sagrados.
Con esta iniciativa, Durango se encamina a ser un estado donde la vejez sea sinónimo de dignidad y seguridad, garantizando que los años de descanso de “la gran familia” no se vean empañados por la avaricia de terceros.
