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Por: Víctor R. Hernández
En la anterior entrega, sosteníamos que lo que no se mide no se puede evaluar y mucho menos mejorar. Pero en México, el gobierno ha decidido que lo que no se cuenta, o mejor dicho, lo que se “re-clasifica”, simplemente deja de existir. El caso del joven duranguense Carlos Emilio, el joven chef de 21 años cuya vida quedó suspendida en el baño de un centro nocturno en Mazatlán aquel 5 de octubre de 2025, es la radiografía perfecta de un Estado que ha claudicado en su función más elemental: garantizar la vida, la seguridad y la justicia para sus ciudadanos.
Seis meses han pasado. Seis meses donde las cámaras de seguridad, los testigos y las evidencias de Valentinos —un punto neurálgico en la joya turística de Sinaloa— no han servido para absolutamente nada. No es falta de recursos; es falta de voluntad operativa y una alarmante carencia de estrategia criminal. Hay elementos que así lo sostienen:
1- El Contraste del Espejismo
Mientras el gobierno se empeña en vender una narrativa de éxito, inaugurando estadios como el Azteca, hoy Banorte, y proyectando una imagen de nación lista para el escaparate mundial, las madres de este país, como Brenda Valenzuela, caminan por una realidad paralela.
- La Estrategia del Maquillaje: Resulta inaceptable que la prioridad del gabinete de seguridad, encabezado por García Harfuch, parezca estar más centrada en “depurar” padrones que en localizar personas. Intentar “desaparecer a los desaparecidos” mediante burocracia estadística es una afrenta a la inteligencia y al dolor de miles.
- Seguridad Inexistente: Si un ciudadano no puede entrar al baño de un restaurante en una zona turística blindada sin el riesgo de ser privado de su libertad, el contrato social está roto. Mazatlán no es solo un destino; hoy es el símbolo de la vulnerabilidad extrema.
2- El Capital Humano Arrebatado
Carlos Emilio no es una cifra en una carpeta fría. Era un activo para este país: un recién graduado de gastronomía, un deportista, un joven con un proyecto de vida profesional. Cada desaparición es una pérdida de capital humano y social que desgarra el tejido productivo de México. La narrativa oficial de “en algo andaba” es el recurso más vil de la incompetencia para revictimizar y lavarse las manos.
Como sociedad, no podemos permitirnos la apatía. Brenda Valenzuela confesó que hace un año ella se sentía ajena a este drama. Hoy, la realidad la ha golpeado con la fuerza de la ausencia.
Para entender la magnitud del extravío institucional en el caso de Carlos Emilio, es imperativo analizar las métricas que el propio Estado y el Registro Nacional (RNPDNO) arrojan. Los gráficos no solo son números; son sentencias de una política de seguridad que ha colapsado.
3- El Acelerador de la Tragedia
Si comparamos los periodos de gestión, la eficiencia en la prevención es inexistente. Mientras que en el sexenio de Felipe Calderón se registraron 17,006 personas desaparecidas en seis años, la administración de Claudia Sheinbaum ha alcanzado la cifra de 17,552 en apenas año y medio.
- Análisis de Eficiencia: Esto representa una aceleración exponencial. Estamos ante un fenómeno que ya no solo es una herencia del pasado, sino una crisis que se ha agudizado bajo la mirada de la actual gestión, superando en una fracción de tiempo lo que antes tomaba años de conflicto abierto.
4- El Embudo de la Justicia: Registros vs. Carpetas
La segunda gráfica revela el “cuello de botella” que mantiene a familias como la de Brenda Valenzuela en el limbo jurídico. Existe una disparidad abismal que fractura cualquier esperanza de justicia pronta:
| Concepto | Cifra | Impacto Real |
| Registros de Desaparecidos | 43,000 | La magnitud del dolor social reconocido. |
| Carpetas de Investigación | 3,869 | El ínfimo porcentaje que realmente llega a un escritorio ministerial. |
Esta brecha de más de 39,000 casos sin una carpeta de investigación formal es la prueba documental de la impunidad operativa. Para el sistema, miles de desaparecidos son solo “registros” administrativos, no delitos en persecución.
En cualquier organización, una brecha del 90% entre el reporte de un problema y la ejecución de una solución significaría la quiebra inmediata. En el Gobierno de México, esta brecha se traduce en vidas como la de Carlos Emilio, que se pierden en el vacío entre un número de registro y una investigación que nunca arranca.
La prioridad para el secretario García Harfuch no debería ser cómo maquillar el padrón, sino cómo cerrar esta brecha criminal que hoy deja al 91% de las familias sin siquiera el consuelo de un proceso legal abierto. La estadística es fría, pero el fracaso que documenta es inaceptable.
La pregunta para la Presidenta y su equipo de seguridad es clara: ¿Hasta cuándo la prioridad será la percepción y no la protección? Los más de 394 mil casos en medio siglo no son un error estadístico; son el mayor pasivo que arrastra esta administración.
Un país que ignora a sus jóvenes desaparecidos es un país que está hipotecando su propio futuro. A Carlos Emilio lo seguimos buscando, aunque el Estado prefiera mirar hacia el palco del estadio Banorte.
