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Por: Víctor R. Hernández
La ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en el cortísimo plazo, podría significar el quiebre definitivo de la comprobada participación del Estado Mexicano, con los grupos criminales (y no sólo de narcotraficantes), y el comienzo de la reconstrucción de las instituciones. ¿De qué depende esta inesperada oportunidad? Que la sociedad civil y sus liderazgos, logren leer con claridad la gravísima situación en que nos encontramos e identifiquen los caminos a seguir, para alcanzar la luz que tanto buscamos.
Y uno de esos caminos son las elecciones constitucionales de 2027.
¿Por qué?
1- El miércoles 20 de noviembre de 2024, con 347 votos, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen que elimina siete órganos autónomos, sin que los 128 legisladores de oposición pudieran hacer algo para impedirlo.
De esta forma, inició el proceso para desaparecer a siete órganos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Además de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
La iniciativa en materia de simplificación orgánica, argumentó que estos organismos duplican funciones o son onerosos, y decidieron que secretarías de Estado o institutos absorban sus atribuciones.
Los argumentos:
— La diputada Katia Alejandra Castillo Lozano, también de Morena, aseguró que esa reorganización “no es concentrar el poder en una sola persona, es recuperar el control para el Estado”.
— “Están muy preocupados por ver quién va a medir y quien va a evaluar al gobierno. No se preocupen que ya hay quien evalúa el gobierno y es el pueblo de México y ellos nos evaluaron a nosotros y los evaluaron a ustedes hace unos meses”, sentenció el morenista Gabino Morales.
La oposición acusó, sobre todo, la concentración de poder, la opacidad por venir y el retorno a épocas del pasado donde no había contrapesos.
— “Esa eutanasia de autónomos es una regresión automática “, dijo Gustado de Hoyos, de Movimiento Ciudadano,
— “Los supuestos ahorros serán insignificantes en comparación con los graves daños que ocasionaron en materia de inversiones conflictos con el TMEC”, alertó la diputada Verónica Martínez García, del Revolucionario Institucional (PRI).
— María Josefina Gamboa Torales, de Acción Nacional (PAN), lamentó especialmente la extinción del INAI.
“Lo desaparecen por corrupción. Sí, ¡pero por la de ustedes¡, ¡Por haber descubierto la corrupción de este gobierno¡. Andrés Manuel llegó hace seis años, bien pudo haber desaparecido al INAI si no le parecía.
“Lo que no le pareció fue lo que descubrieron. Aquí están los datos. Gracias al INAI se descubrieron los más de 17,000 millones de pesos de fraude en Segalmex, los 400 aviadores que tenían (…) además la red de tráfico de influencias de Andy y Bobby”, acusó.
2- Ayer en el programa de Carmen Aristegui, Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana y especialista que ha estudiado el fenómeno de la criminalidad en México y otras partes del mundo, sin querer, habló del por qué tenemos que generar un gran movimiento ciudadano para ir a las urnas el próximo 2027:
Bueno Carmen, me parece que esta mañana en tu tono de esta cobertura, hay un subtexto que a nosotros desde la universidad, nos nos interesa poner sobre la mesa. Nosotros ponemos en el centro, una tesis, una sola tesis en el centro; no se puede controlar la criminalidad si no se puede controlar o no se quiere o no se sabe controlar, a las instituciones responsables de investigar, perseguir, juzgar, someter a la criminalidad. Someter a la ley a la criminalidad, este es el gran reto.
Personalmente estoy por cumplir 40 años en el tema, y desde que tengo memoria, estoy hablando de principios de los 90, ya sabíamos que las policías municipales tenían problemas, ya sabíamos que había problemas de coordinación, de preparación y honestidad.
Bueno, ahí te van dos o tres datos actualizados, primero aproximadamente 195 alcaldes han sido asesinados por la delincuencia organizada entre 2006 y el día de hoy, según una columna publicada en Animal Político.
Segundo dato, México Evalúa publicó recientemente un estudio que se llama Policía Desprotegida, en donde nos dio un dato que pasó de largo. Ellos identifican aproximadamente cuatro mil policías municipales sin sueldo fijo en el país. También se da a conocer que 650 municipios no tienen policías.
Ahora bien, lo sucedido este sábado en Uruapan, con todo y la preparación que tenían los municipales y los 14 elementos de la guardia nacional, el crimen enfrenta y asesina al alcalde Carlos Manzo en espacio público, enfrente de la gente, ese es el tamaño del poder del crimen.
¿Y por qué sucede todo esto? La respuesta es muy cruda pero real: la delincuencia organizada no madura, no madura sin procesos sostenidos de complicidad con el Estado, y lo sabe la gente que nos lo ha dicho desde que comenzamos a hacer investigación en estos temas. La gente en la calle lo sabe, la gente en los municipios, en las carreteras, en las rancherías, la gente lo sabe.
Estamos ante una crónica descomposición institucional de la que no logramos salir, porque hay una barrera política intransitable que sigue haciéndonos imposible el saneamiento institucional, la profesionalización, la coordinación y la evaluación externa.
Consideramos que nuestro problema más que jurídico, más que técnico, más que tecnológico, más que un asunto de presupuesto, es un problema político.
Consideramos que la transición democrática, más allá de que algunos la defiendan, otros la critiquen lo que sea, la transición democrática no trajo consigo una reforma estructural sostenida, de las instituciones de seguridad y justicia en este país, y lo estamos pagando muy caro.
Incluso, si realmente se investigaran los casos pendientes, que son muchísimo, no vamos a poder saber si la calidad de la investigación fue la adecuada.
Porque la actual clase política, no nos dejan hacer verificación, comprobación con herramientas modernas, que venimos proponiendo. Venimos proponiendo esquemas de supervisión externa desde 2006. Tenemos antecedentes que hemos hecho públicos, y la Ibero propuso recientemente un órgano de supervisión externa que vigilara al secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública; ni siquiera nos recibieron en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso para comentar el proyecto, ni siquiera nos recibieron.
Nosotros podemos seguir haciendo propuestas, pero si la barrera política es una barrera político criminal, debo decirlo claramente, nunca avanzaremos.
No saldremos de esta larga noche con un sistema donde la barrera político criminal, sea multicolor, prefiera acomodarse y extraer rentas desde el poder político, desde el poder público y desde el poder criminal. Extraer rentas en lugar de dejar pasar a la sociedad a supervisar, a controlar, a vigilar.
¿Ahora sí se entiende el por qué de la desaparición de los órganos autónomos-ciudadanizados en noviembre de 2024?
El Estado criminal requiere seguir operando en la opacidad.
Y esta realidad que hoy vivimos, sólo comenzará a transformarse, si se gana la mayoría del poder legislativo en 2027.
