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Por Víctor R. Hernández
Durante años, uno de los pilares discursivos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue simple, pero contundente: atender a los jóvenes para alejarlos del crimen. La apuesta consistía en transferencias directas de dinero, sin intermediarios, bajo la premisa de que la pobreza y la falta de oportunidades eran el combustible principal del reclutamiento criminal.
Siete años después, los datos no solo contradicen esa narrativa: la desmantelan.
Entre 2023 y 2025, la violencia se consolidó como la principal causa de muerte entre los jóvenes en México. No es una percepción, es una estadística persistente y brutal. En 2023, el país registró 32,252 homicidios, con el grupo de 25 a 34 años encabezando las cifras de víctimas. Para 2024, los asesinatos aumentaron a 33,241, un crecimiento del 3% que confirma que la tendencia no solo continuaba, sino que se profundizaba.
Particularmente alarmante resulta el grupo de 15 a 24 años: 6,463 jóvenes asesinados en 2024. En ese rango de edad, morir por violencia ya no es una anomalía; es la principal causa de muerte. En hombres jóvenes de entre 15 y 44 años, la violencia representó el 70% de los asesinatos. Es decir, en México, ser joven y hombre implica habitar el segmento demográfico más vulnerable ante la muerte violenta.
Los datos preliminares de 2025 no ofrecen consuelo. Tan solo entre enero y marzo, más de 7,000 homicidios fueron registrados, de los cuales 2,035 correspondieron a jóvenes de 25 a 34 años. Al cierre del año, se contabilizaron 23,246 muertes violentas. La cifra puede parecer menor respecto a años anteriores, pero no cambia el hecho estructural: los jóvenes siguen siendo el epicentro de la violencia.
Si el objetivo era evitar que la juventud fuera capturada por el crimen organizado, el resultado es exactamente el contrario.
El reclutamiento de jóvenes por parte del narcotráfico aumentó un 45% entre 2021 y 2023. Este dato es clave porque revela que las transferencias económicas no compitieron eficazmente contra el poder de atracción —y coerción— de las organizaciones criminales. Mientras el Estado ofrecía apoyos, el crimen ofrecía pertenencia, ingresos mayores y, en muchos casos, una narrativa de poder.
Pero hay un elemento adicional que termina por cerrar el círculo del fracaso: la ausencia total de control sobre el uso de los recursos públicos destinados a jóvenes.
De acuerdo con la nota principal de El Universal de hoy, desde 2024, el gobierno federal entrega becas sin verificar su destino. La propia Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez reconoció, mediante una solicitud de transparencia, que no cuenta con mecanismos de seguimiento, registro o verificación sobre en qué se gastan los apoyos otorgados a estudiantes de primaria a bachillerato.
La admisión es contundente: el Estado transfiere dinero, pero no sabe en qué se utiliza.
Los datos oficiales más recientes son igual de reveladores. Apenas el 35.3% de los recursos se destina efectivamente a educación. El resto se dispersa en rubros como alimentos y bebidas (15.8%), vestido y calzado (10.5%), ahorro (10.3%) y comunicaciones (7.8%). Incluso, aunque marginal, existe un 0.3% que se canaliza a alcohol y tabaco.
Esto no solo evidencia la falta de control, sino la debilidad del supuesto central: que entregar dinero automáticamente genera mejores trayectorias educativas y sociales.
La transición hacia la nueva Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina Gutiérrez, que comenzó en 2025, no modifica el problema de fondo. El esquema mantiene la lógica de transferencias directas —mil 900 pesos bimestrales por familia, con 700 adicionales por hijo— sin corregir el vacío más evidente: la ausencia de evaluación real de impacto.
En otras palabras, se amplía el modelo sin haber demostrado su efectividad.
A esto se suma otro indicador contundente: el 71.8% de los homicidios en 2024 se cometieron con armas de fuego, un sello característico de la violencia vinculada a la delincuencia organizada. No se trata de violencia espontánea o doméstica; se trata de una violencia sistemática, estructurada y territorial.
Los estados más afectados —Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Jalisco— no son una coincidencia geográfica, sino los principales escenarios de disputa entre grupos criminales. Ahí, la juventud no solo es víctima: es también objetivo de reclutamiento y pieza prescindible en una guerra no declarada.
La política pública, entonces, queda expuesta en toda su fragilidad: dinero sin seguimiento, sin control y sin resultados medibles frente a una maquinaria criminal que sí recluta, sí organiza y sí impone condiciones.
La evidencia es clara y, sobre todo, incómoda: no basta con transferir recursos para transformar realidades cuando el entorno sigue dominado por la violencia, la impunidad y la falta de Estado.
El problema nunca fue únicamente la falta de dinero. Y mientras se siga actuando como si lo fuera, la juventud mexicana seguirá pagando el costo más alto.
Con su vida.
