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Por Víctor R. Hernández
La lucha contra el crimen organizado en México ha entrado a una fase distinta, más compleja y silenciosa. Durante décadas el poder de los cárteles se midió por el número de sicarios, armas o territorios controlados. Hoy, sin embargo, ese poder también se mide en servidores, algoritmos y redes de hackers.
La nota principal publicada por El Universal aporta un elemento inquietante para el equipo de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum: el crimen organizado mexicano ya opera de forma estructurada en el ciberespacio.
No se trata de improvisación. De acuerdo con documentos contables obtenidos por el diario, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una red de piratas informáticos a sueldo. No son colaboradores ocasionales: reciben pagos regulares, viáticos, mantenimiento de equipo y hasta recursos para vehículos utilizados en sus operaciones.
Los registros revelan que en diciembre del año pasado el grupo criminal destinó 630 mil pesos para siete hackersencargados de vulnerar sistemas financieros y bases de datos de dependencias de seguridad federal.
Las cifras son reveladoras.
En la primera semana de ese mes, uno de estos especialistas en informática recibió 250 mil pesos por sus servicios. Otro experto obtuvo 244 mil 536 pesos, recursos utilizados para ejecutar fraudes digitales mediante diversas modalidades: robo de identidad, estafas de tiempos compartidos, falsas asistencias técnicas y esquemas de pagos por adelantado.
Incluso en la contabilidad criminal aparecen detalles que parecen sacados de la burocracia corporativa: 5 mil pesos para mantenimiento de equipo y automóvil, además de 3 mil 827 pesos etiquetados como “mandado hacker”.
El crimen organizado, en otras palabras, ha profesionalizado su operación digital.
Los documentos también revelan otro dato relevante: el CJNG utiliza la aplicación Threema, un sistema de mensajería encriptada considerado entre los más seguros del mundo. Tan sólo en diciembre pasado el grupo criminal pagó 4 mil 800 pesos por 25 cuentas de esta plataforma, utilizadas para la comunicación entre operadores y jefes de plaza.
Este detalle no es menor. Significa que las estructuras criminales no sólo han entendido la importancia del cifrado y la privacidad digital, sino que lo han incorporado como parte de su logística operativa cotidiana.
El fenómeno, además, no es exclusivamente nacional. En marzo de 2024, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) alertó sobre la participación del cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en fraudes financieros globales.
El informe señala que en la región se han incrementado las estafas por usurpación de identidad, fraudes sentimentales, engaños de asistencia técnica, pagos anticipados y operaciones ilícitas a través de telecomunicaciones.
Interpol también advirtió sobre un fenómeno aún más inquietante: redes criminales que utilizan víctimas de trata de personas para ejecutar estafas digitales a gran escala. Durante la operación internacional denominada Turquesa V, se descubrió que cientos de personas fueron trasladadas fuera de sus países tras ser captadas mediante aplicaciones de mensajería y redes sociales, para luego ser obligadas a participar en fraudes de inversión o estafas sentimentales.
Todo indica que el crimen organizado está ampliando su modelo de negocio.
Las autoridades federales mexicanas han reconocido desde hace algunos años que los cárteles —especialmente el CJNG y el Cártel de Sinaloa— reclutan jóvenes especialistas en informática para infiltrarse en sistemas gubernamentales, obtener información privilegiada y ejecutar fraudes cibernéticos.
La dimensión del problema quedó aún más clara en junio de 2025, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos detectó que un hacker vinculado al Cártel de Sinaloa logró acceder al sistema de cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México. Con esa información siguió los movimientos de un funcionario del FBI que se encontraba en la capital mexicana e identificó a las personas con las que se reunió.
Ese episodio mostró algo que las autoridades apenas comienzan a dimensionar: los cárteles ya no sólo espían en las calles, también lo hacen en las redes.
Para el gobierno de Claudia Sheinbaum esto representa un desafío de nueva generación. La estrategia de seguridad no sólo tendrá que combatir a organizaciones armadas, sino a estructuras criminales con capacidades tecnológicas comparables a las de empresas especializadas.
La batalla contra el narcotráfico se libra ahora en tres territorios: las calles, las finanzas y el ciberespacio.
Y en este último campo de batalla, los cárteles mexicanos han demostrado que están aprendiendo demasiado rápido.
