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Por: Víctor R. Hernández
En el sistema neoliberal y en la planeación estratégica, existe una premisa irrefutable: lo que no se mide no se evalúa, lo que no se evalúa no mejora, y aquello que se administra subordinado al dogmatismo ideológico y al reparto clientelar termina, inevitablemente, en desastre. Y es lo que hoy tenemos: un desastre educativo. Si abordáramos a México bajo la óptica de un balance de competitividad y viabilidad de largo plazo, el inventario del capital humano arrojaría pérdidas monumentales. La publicación de los resultados de la prueba PISA de la OCDE no sólo ratifica el peor colapso formativo en la historia moderna del país; certifica el retroceso premeditado de un cuarto de siglo en el sistema de enseñanza pública, edificado a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y convalidado sin viraje estratégico por la administración de Claudia Sheinbaum.
No estamos frente a un tropiezo coyuntural ni ante una resaca pasajera atribuible a la pandemia sanitaria. La pretensión del aparato oficial de esconderse tras la emergencia del COVID-19 choca de frente con la evidencia empírica internacional: economías con restricciones presupuestales similares supieron implementar planes de mitigación y contuvieron el impacto. Lo ocurrido en México es el fruto de decisiones de política pública deliberadas que dinamitaron los estándares mínimos de calidad para transformar a las instituciones formativas en correas de transmisión político-electoral.
La radiografía cuantitativa no admite adjetivos ni evasivas metodológicas. Los datos ubican a nuestro país en el sótano absoluto de los Estados miembros de la OCDE y sensiblemente por debajo de pares regionales como Chile, Uruguay, Brasil y Colombia.

En matemáticas, México promedió apenas 388 puntos, colocándose a una distancia de 75 unidades de la media internacional situada en 463. Esta brecha no representa un simple desfase estadístico; en términos pedagógicos reales equivale a un déficit acumulado de más de dos años escolares completos de escolaridad.
La caída acumulada en el periodo de Morena alcanza 21 puntos frente a los 419 alcanzados en 2009 y los 417 registrados en 2018. El resultado práctico es demoledor: el 70 por ciento de los evaluados de 15 años carece de las destrezas matemáticas mínimas.
Siete de cada diez adolescentes son incapaces de formular, procesar o interpretar operaciones numéricas básicas en situaciones cotidianas.
En comprensión lectora el escenario es igualmente grave. Con 408 puntos frente a los 461 de la OCDE, la mitad de los alumnos no logra comprender cabalmente textos elementales, un retroceso de 16 años respecto a 2009, cuando casi el 60 por ciento superaba ese umbral crítico.

En ciencias se registraron 414 puntos frente a los 482 de la media, con apenas el 50 por ciento poseedor de nociones científicas basales, mientras que en resolución de problemas computacionales México apenas arañó 453 puntos frente a un estándar de 500.
La excelencia ha quedado pulverizada: los niveles superiores de competencia técnica y analítica abarcan a un marginal 0.1 por ciento de la matrícula, mientras potencias asiáticas como China colocan a más del 55 por ciento de sus jóvenes en esos rangos.
La trayectoria histórica de la suficiencia matemática por sexenio desnuda la involución: del repunte con Calderón (del 43.5 al 49.2 por ciento) y la contención con Peña Nieto (45.3 a 43.4 por ciento), al desmoronamiento con López Obrador (41.7 a 34.2 por ciento) y el mínimo histórico con Claudia Sheinbaum en un raquítico 30.0 por ciento.
Semejante debacle obedece a decisiones estructurales orientadas al control territorial. En primer término figuró la erradicación de las Escuelas de Tiempo Completo, programa que atendía a cuatro millones de niños en 25 mil planteles de zonas marginadas.
Con un plumazo presupuestal recortaron la jornada escolar de ocho a sólo cuatro horas y clausuraron comedores que aportaban el soporte nutricional indispensable para el rendimiento cognitivo.
En paralelo, la sustitución de esquemas focalizados que premiaban la permanencia académica —como Prospera— por subsidios monetarios universales redujo el ingreso real transferido a las familias de menor estrato (de 16 mil 400 a 9 mil 500 pesos anuales en moneda constante para bachillerato), disparando el abandono escolar hacia la informalidad.
A este cuadro se sumó la imposición de la mal llamada Nueva Escuela Mexicana y la distribución de libros de texto huérfanos de rigor científico, donde se diluyó el pensamiento lógico-matemático en favor de consignas ideológicas, suprimiendo las evaluaciones estandarizadas para evitar cualquier escrutinio.
La contrarreforma culminó devolviendo el control de las plazas e incentivos a las cúpulas gremiales del SNTE y la CNTE, sepultando el servicio profesional docente meritocrático para recomponer la alianza electoral con los cacicazgos magisteriales, aderezada con ocurrencias de corte doctrinario como la importación de asesores cubanos.
La reacción gubernamental ha seguido el manual del negacionismo: desacreditar las pruebas estandarizadas y tildar de conservadores los diagnósticos técnicos.
Como certeramente han apuntado especialistas como Eduardo Andere y Carlos Mancera, descalificar el rigor de PISA equivale a romper el termómetro para decretar por decreto la inexistencia de la fiebre. La hipocresía es palmaria: los mismos jerarcas del régimen que condenan la meritocracia e imponen la degradación curricular en las escuelas públicas matriculan a sus hijos en colegios privados bilingües con tecnología de punta y jornadas extendidas.
Las implicaciones de esta política son letales para el desarrollo nacional. En la era de la inteligencia artificial, la automatización industrial y la relocalización de inversiones, condenar a siete de cada diez jóvenes al analfabetismo funcional y numérico es cancelar de tajo el porvenir económico del país.
Morena convirtió las aulas en parcelas de movilización partidista y el presupuesto educativo en dádiva electoral. El costo no se saldará en las urnas del próximo ciclo comicial: hipotecará el crecimiento, la productividad y la soberanía tecnológica de México durante las próximas tres décadas.