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Durango, Dgo.- La iniciativa de la Jugocopo endurece las reglas para los funcionarios salientes, amplía plazos de fiscalización y empodera a la Contraloría del Estado.
Mayor rigor al cierre de las administraciones
El Congreso del Estado de Durango analiza una reforma estructural orientada a cerrar el paso a la opacidad y las irregularidades financieras durante los relevos gubernamentales. Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) presentaron una iniciativa formal de modificaciones a la Ley para la Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios, buscando elevar los estándares de rendición de cuentas.
La propuesta legislativa pretende otorgar certeza jurídica absoluta a los procesos de transición, obligando a un inventario estricto de los bienes públicos antes de que concluya cualquier mandato.
Reglas claras para todos los niveles de gobierno
La iniciativa, encabezada por el diputado Ernesto Alanís Herrera, establece lineamientos técnicos homologados que deberán cumplir de forma obligatoria los Poderes del Estado, los organismos autónomos, los 39 ayuntamientos y cualquier ente que administre presupuesto público. Al concluir su encargo, los servidores salientes estarán obligados a transparentar:
- Capital humano: Detalle completo de nóminas, contratos, altas y bajas de personal.
- Recursos financieros: Estados de cuenta, deuda pública, presupuestos ejercidos y fondos asignados.
- Bienes materiales: Inventarios detallados de mobiliario, parque vehicular, inmuebles y herramientas tecnológicas.
- Información clasificada: Entrega de expedientes, archivos digitales, software de gestión y asuntos jurídicos en trámite.
Nuevas facultades de fiscalización y plazos razonables
El proyecto busca armonizar la ley local con la Constitución Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas bajo los principios de Gobierno Abierto. Uno de los cambios medulares es el fortalecimiento técnico de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la cual quedará facultada por ley para emitir los formatos y modelos de actas oficiales que deberán usar de manera uniforme todos los sujetos obligados.
Asimismo, la reforma propone ampliar los plazos legales relacionados con las notificaciones, requerimientos y diligencias para hacerlos más razonables y acordes con la operación institucional, garantizando el debido proceso. Finalmente, introduce de forma formal la figura de una “junta de aclaraciones posterior” a la firma del acta, un mecanismo técnico que permitirá citar a exfuncionarios para solventar inconsistencias detectadas sin detener la continuidad de la administración entrante.
