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Durango, Dgo.- El Congreso del Estado aprueba la reforma constitucional que posterga los comicios judiciales para priorizar ajustes técnicos y resolver los desafíos logísticos detectados.
Un cambio de planes en el calendario electoral
El Congreso del Estado de Durango dio luz verde a la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial. La modificación más importante de este decreto es el aplazamiento oficial de la elección de jueces y magistrados, la cual quedó reprogramada para el año 2028.
Como parte del Constituyente Permanente, las y los diputados locales discutieron y respaldaron el documento enviado originalmente por el Senado de la República, tras un análisis previo de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Las razones del aplazamiento
De acuerdo con los legisladores, la decisión de postergar el proceso responde a una estrategia de optimización basada en la experiencia obtenida durante 2025. Los principales objetivos de esta prórroga son:
- Sincronización electoral: La votación judicial se celebrará el primer domingo de junio de 2028, haciéndola coincidir con el proceso electoral federal ordinario.
- Margen operativo: Permite realizar las adecuaciones normativas, metodológicas y técnicas necesarias para garantizar un proceso eficiente.
- Logística: Ofrece el tiempo necesario para resolver las complicaciones y desafíos organizativos previamente identificados.
Cambios operativos en la Suprema Corte
La reforma aprobada no solo altera los tiempos de votación, sino que también introduce cambios estructurales inmediatos. El decreto establece la creación de nuevas secciones operativas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una medida diseñada específicamente para agilizar el desahogo y la resolución de los asuntos pendientes.
Reglas claras para la revocación de mandato
El dictamen avalado por el Congreso local también define el esquema para los ejercicios de revocación de mandato. A partir de esta modificación, dicha consulta se llevará a cabo de forma obligatoria el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional, coincidiendo directamente con las jornadas electorales federales o locales correspondientes.
