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Por: Víctor R. Hernández
La ceguera voluntaria y la soberbia burocrática son pésimas consejeras en la alta política, pero son catastróficas cuando chocan de frente con la realidad geopolítica de Washington. Lo que durante años se ha pretendido minimizar desde el púlpito oficial de la mañanera como un “asunto de bandas locales” o “simples variaciones de inventario”, hoy ha mutado en una amenaza existencial para el motor económico de México: nuestro acceso al mercado de los Estados Unidos.
La reciente ofensiva de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense no es una llamada de atención ordinaria; es un expediente criminal abierto que coloca a México en una posición indefendible. Sancionar a empresarios y corporativos mexicanos por operar una red de “huachicol fiscal” que inyecta decenas de millones de dólares anuales a las arcas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desnuda un secreto a voces: la aduana y el sector energético mexicano están perforados hasta la médula.
Hablemos con los datos duros que el gobierno se niega a debatir. Las alertas financieras de Washington rastrean transacciones sospechosas por 7,000 millones de dólares vinculadas a este esquema. Al mismo tiempo, el puntual análisis técnico del exrector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, basado estrictamente en las cifras oficiales de Pemex y SENER, revela un boquete físico imposible de ocultar: 80 millones de barriles de crudo “fantasma” desaparecidos entre 2022 y lo que va de 2026. Un faltante con un valor de mercado de 6,000 millones de dólares que requeriría el volumen de cinco Estadios Azteca para ser almacenado.
Si no está guardado —porque Pemex no tiene dónde—, la conclusión es una sola: o la producción está burdamente maquillada en los informes financieros para engañar a las calificadoras, o el crimen organizado está ordeñando la riqueza nacional a escala industrial con la complicidad omisa del Estado.
El verdadero peligro para nosotros, los ciudadanos y los generadores de empleo, no radica solo en el saqueo de los recursos públicos, sino en las consecuencias de que estos recursos robados presuntamente terminen financiando campañas político-electorales del partido en el poder. Para la óptica de seguridad nacional en Washington, esto cruza una línea roja definitiva. Ninguna administración estadounidense —sea demócrata o republicana— va a tolerar la vigencia de un tratado comercial con un socio comercial donde el crimen organizado cogobierna y financia las estructuras electorales a través del contrabando de energéticos.
Al ignorar las solicitudes de debate, al responder con un infantil “es mentira” y al descalificar a los expertos, el gobierno mexicano no está protegiendo la soberanía; está dinamitando la certidumbre jurídica del país. Están poniendo en la línea de fuego el empleo de millones de mexicanos y la supervivencia de cientos de empresas exportadoras que dependen de la fluidez fronteriza. Si el T-MEC se contamina por el tufo del dinero del huachicol, las barreras arancelarias, las inspecciones exhaustivas y las sanciones cruzadas destruirán la competitividad del país en cuestión de meses.
El costo de la opacidad oficial ya no se mide en votos; se mide en el riesgo de un aislamiento comercial que pagaremos muy caro. La complacencia tiene un límite, y el Tesoro norteamericano parece haber llegado al suyo.
