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Por: Víctor R. Hernández
Este 20 de mayo, tras el atentado contra elementos del Servicio de Protección Federal que resguardaban el consulado estadounidense en Matamoros, Tamaulipas, se desató un nuevo round en la confrontación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.
Moreno acusó al gobierno de Morena de operar como una “pandilla de delincuentes” y de mantener una “narcodictadura”. Sheinbaum respondió llamándolo uno de los gobernadores más corruptos de la historia reciente, rechazó cualquier “pacto criminal” y advirtió contra pedidos de intervención extranjera.
El cruce de acusaciones es ruidoso, pero revela una hipocresía estructural del actual régimen.
Para empezar a analizar lo sucedido ayer, es importante recordar que hay una diferencia brutal entre gobernar un país y administrar una narrativa.
Morena parece haber optado por lo segundo.
Cada vez que el tema del crimen organizado toca la puerta de Palacio Nacional, la respuesta ya está ensayada: negar, desacreditar, culpar al pasado, invocar a Calderón, denunciar conspiraciones externas y cerrar filas con la liturgia partidista. La fórmula funciona hacia dentro. Sirve para la militancia. Sirve para el aplauso automático. Sirve para mantener cohesionada a una base política educada para creer que toda crítica forma parte de un complot conservador.
Lo que no sirve es para gobernar un país donde vastas regiones viven bajo control criminal.
Porque mientras Claudia Sheinbaum insiste en que su movimiento “rompió el pacto criminal” en 2018, la realidad nacional ofrece otra escena: territorios donde el Estado no manda, alcaldes señalados por vínculos oscuros, funcionarios bajo sospecha, estructuras de seguridad penetradas y comunidades enteras donde la autoridad formal convive con el miedo como rutina cotidiana.
La presidenta no le habla a México.
Le habla a Morena.
No intenta convencer al ciudadano que vive entre extorsiones, cobro de piso, desapariciones o carreteras controladas por grupos armados. Mucho menos a los socios internacionales que observan con creciente preocupación el deterioro institucional del país.
Su mensaje tiene un destinatario específico: la base política que necesita seguir creyendo que aquí no pasa nada, o que si pasa, siempre es culpa del pasado.
Pero la propaganda tiene límites.
No se puede sostener indefinidamente el discurso de pureza moral mientras se multiplican episodios incómodos en distintos niveles del poder político.
La narrativa oficial insiste en que Morena representa una ruptura ética con el viejo régimen. Sin embargo, cada nuevo escándalo, cada filtración, cada investigación y cada señalamiento serio erosionan esa superioridad moral cuidadosamente construida desde el poder.
Sheinbaum y Ariadna Montiel insisten en que Morena rompió el “pacto criminal” de la era Calderón (con García Luna como emblema) y que no hay acuerdos “ni por debajo ni por encima de la mesa”. Afirman que la oposición creó la narcopolítica.
Pero los hechos en terreno contradicen el discurso federal:
- Sinaloa: La Fiscalía de Nueva York acusó formalmente en abril de 2026 al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya (Morena) y a nueve funcionarios/exfuncionarios por conspiración para importar narcóticos en asociación con el Cártel de Sinaloa, particularmente Los Chapitos. Se alega que el cártel intervino en las elecciones de 2021 mediante intimidación y secuestros para asegurar su victoria, a cambio de protección institucional.
- Tabasco: Hernán Bermúdez Requena (“El Abuelo” o “Commander H”), exsecretario de Seguridad Pública nombrado por Adán Augusto López, enfrenta acusaciones graves como líder de “La Barredora” (brazo del CJNG). Reportes de inteligencia militar y detenciones lo vinculan directamente. Morena lo suspendió, pero el escándalo salpica al corazón del grupo.
- Nivel municipal: En Guerrero, videos y audios filtrados muestran a la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández (Morena), reunida con líderes de “Los Ardillos”. Ella lo ha minimizado como encuentro para “bajar la violencia”. En Veracruz, la alcaldesa de Colipa, Gabriela Ortega Molina (Morena), fue retenida durante un cateo en un rancho ligado a un sobrino de Rafael Caro Quintero.
Estos casos no son “fantasía opositora”. Son expedientes judiciales estadounidenses, filtraciones de inteligencia y detenciones reales.
Y aquí es donde aparece la contradicción central.
Morena construyó su legitimidad prometiendo ser distinto.
No mejor administrador del mismo sistema. Distinto. Más limpio. Más honesto. Más cercano al pueblo.
Pero cuando las preguntas incómodas aparecen, responde exactamente como respondió el viejo poder mexicano durante décadas: negación, victimismo, polarización y propaganda.
Nada nuevo.
Solo distinto empaque.
El problema no es únicamente político.
Es geopolítico.
Porque mientras desde Palacio se insiste en vender certidumbre discursiva, en Washington no operan con consignas partidistas.
Operan con inteligencia, expedientes, cooperación bilateral, seguimiento financiero y análisis de seguridad hemisférica.
Eso cambia completamente el tablero.
La presidenta puede convencer a una asamblea partidista.
Puede ganar la conversación matutina.
Puede imponer temporalmente una narrativa doméstica.
Lo que no puede hacer es reconfigurar cómo observan a México quienes evalúan riesgos de seguridad, flujos criminales transnacionales, tráfico de fentanilo o vulnerabilidades institucionales.
Ahí no cuentan los aplausos.
Cuentan los hechos.
Y los hechos son tercos.
La gran tragedia mexicana es que el gobierno parece más concentrado en administrar la percepción política del problema que en desmantelar con eficacia las estructuras criminales que han colonizado partes del país.
México no necesita más retórica.
Necesita autoridad.
No necesita más propaganda moral.
Necesita resultados.
Porque cuando un gobierno dedica más energía a defender su narrativa que a recuperar territorios, lo que termina gobernando no es el Estado.
Es el miedo.
