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Por: Víctor R. Hernández
Un avión estacionado en un museo de guerra en Nuevo México acaba de hacerle más daño a la relación entre México y Estados Unidos que cualquier arancel o amenaza de Donald Trump.
El Beechcraft King Air que exhibe el museo War Eagles, en el aeropuerto del condado de Doña Ana, es el mismo turbohélice de 50 años que trasladó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada y a Joaquín Guzmán López la noche del 25 de julio de 2024. La placa que lo acompaña, donada por el FBI, dice lo que Washington nunca quiso decirle a Palacio Nacional: que la captura del capo más longevo del narcotráfico mexicano fue una operación encubierta de agentes estadounidenses en territorio nacional, no una entrega negociada entre compadres del cártel, como se contó durante casi dos años.
Con ese hallazgo, reportado por Luis Chaparro en Pie de Nota, se cae la primera gran mentira de este caso. Pero también deja al descubierto una segunda, más incómoda para la presidenta Claudia Sheinbaum: la doble vara con la que su gobierno exige transparencia a un vecino mientras la niega en casa.
Durante casi dos años, primero Andrés Manuel López Obrador y después Sheinbaum pidieron a Washington “pruebas, pruebas y pruebas” sobre cómo cayó El Mayo. Exigencia legítima, dirán algunos, tratándose de una eventual violación a la soberanía. Pero la indignación presidencial de esta semana —dirigida contra el exembajador Ken Salazar, acusado de haber mentido cuando aseguró el 9 de agosto de 2024 que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo— tiene un problema de origen: Salazar no diseñó la operación ni fue informado de ella. El FBI y la Oficina de Investigaciones Internacionales del Departamento de Seguridad Nacional se la ocultaron a propósito, por temor a que la filtrara al gobierno mexicano. El embajador no mintió por convicción; mintió porque no sabía. Convertirlo en el único culpable es cómodo, pero es también una forma de no mirar hacia adentro.
Porque mientras el gobierno mexicano exige que Washington rinda cuentas, la Cancillería hace exactamente lo contrario con sus propios expedientes. La Secretaría de Relaciones Exteriores acaba de reservar por cinco años toda la documentación sobre las comunicaciones entre México y Estados Unidos relacionada con las acusaciones de vínculos narcopolíticos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázares, ambos de Morena.
El argumento oficial es casi cómico en su ironía: divulgar esa información “podría afectar la confianza y confidencialidad necesarias para el intercambio de información entre autoridades de ambos países”. Es decir, la misma confianza y confidencialidad que el gobierno mexicano acusa a Estados Unidos de haber violado con la captura de El Mayo, ahora se invoca para blindar a los propios señalados.
Rocha Moya e Inzunza figuran entre la decena de exfuncionarios de Sinaloa que la Fiscalía de Nueva York acusó en abril pasado por presuntos vínculos con Los Chapitos. Inzunza ni siquiera ha pedido licencia a su curul en el Senado; cobra su dieta mediante cheque porque tiene las cuentas congeladas, y sigue legislando con toda normalidad. Sheinbaum repite que su gobierno “nunca hará pactos con la delincuencia organizada” y que pedirá a Washington las pruebas que sustenten las acusaciones. Pero pedir pruebas no es lo mismo que investigar, y hasta ahora no hay una sola indagatoria abierta contra sus propios correligionarios por parte de la Fiscalía General de la República.
El caso de Héctor Melesio Cuén ilustra mejor que ningún otro esa asimetría. El exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y exalcalde de Culiacán fue asesinado el mismo 25 de julio de 2024, apenas horas antes de que capturaran a El Mayo y a Guzmán López, en circunstancias que —según la propia carta de Zambada— están directamente ligadas al encuentro convocado para resolver un diferendo entre Cuén y Rocha Moya. La fiscalía sinaloense montó un video falso para simular que Cuén murió en un intento de asalto en una gasolinera. La FGR federal desnudó el montaje, pero ahí se detuvo todo: no ha habido más investigación ni una sola persona detenida. Un homicidio con implicaciones políticas de primer orden, prácticamente congelado.
La respuesta del gobierno ante estas contradicciones ha sido, en lugar de investigar, señalar hacia atrás: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la propia presidenta han insistido en que, si hubo complicidad entre el Estado mexicano y el Cártel de Sinaloa, fue “con Fox y con Calderón”, invocando el caso García Luna. Es un argumento real, pero también una salida fácil: acusar al acusador para no responder por lo que ocurre hoy, en Sinaloa, dentro de las filas de Morena.
Sheinbaum tiene razón en algo: si el FBI operó en Culiacán sin avisar a México, eso es una violación grave a la soberanía nacional y merece una respuesta diplomática firme. Pero esa exigencia pierde fuerza moral cuando se combina con el secreto de Estado sobre Rocha Moya y con la parálisis judicial en torno al asesinato de Cuén. No se puede exigir transparencia allá y practicar la opacidad acá. Esa contradicción, más que cualquier avión exhibido en un museo fronterizo, es lo que verdaderamente tiene en crisis la relación bilateral: no la desconfianza entre gobiernos, sino la desconfianza legítima de los mexicanos hacia un gobierno que protege a los suyos mientras exige que otros no protejan a los suyos.
