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Por: Víctor R. Hernández
En política no existen los accidentes fortuitos ni los vacíos espontáneos; existen los pactos rotos, los plazos vencidos y las facturas que ineludiblemente se cobran en ventanilla. Lo que hemos atestiguado en torno a la figura de Rubén Rocha Moya y su retorno fallido a la gubernatura que sacude a Sinaloa, no es un simple berrinche de un “hermano de López Obrador o un diferendo regional. Es el síntoma más estridente de un régimen que evidencia una descomposición acelerada y la angustia por ver cada vez más cerca la justicia de Estados Unidos.
El espectáculo del gobernador pidiendo licencia, su efímero regreso triunfal que duró apenas 36 horas y reculando finalmente ante el portazo de la cúpula federal, desnudó algo mucho más grave que una crisis local: exhibió la parálisis y la desorientación en el corazón del poder. Durante años, el oficialismo construyó una narrativa de invulnerabilidad basada en la fuerza electoral y la disciplina ciega. Sin embargo, la sustracción y entrega de Ismael El Mayo Zambada, sumada a la cascada de señalamientos judiciales provenientes de los tribunales estadounidenses, dinamitó la narrativa soberanista.
El problema central no radica en lo que se dice en las conferencias matutinas, sino en lo que ya no se puede ocultar. Cuando una acusación redactada en una “oficinista” de Nueva York, tiene la capacidad de paralizar la designación de candidaturas clave de un partido en el poder y forzar el aplazamiento de sus calendarios internos, el argumento de la soberanía deja de ser una doctrina de Estado para convertirse en un escudo retórico desgastado.
Sinaloa es hoy el epicentro del daño a la marca de Morena. No se trata únicamente de la ingobernabilidad que asfixia a sus ciudadanos —sometidos al terror cotidiano y al colapso económico—, sino del impacto reputacional que cruza fronteras. Las declaraciones abiertas desde agencias internacionales sobre la presunta complicidad de altos mandos gubernamentales con el crimen organizado colocan al movimiento en una posición insostenible. La sospecha de que la expansión electoral de 2021 en el Pacífico estuvo apuntalada por pactos inconfesables ha dejado de ser una conjetura de sobremesa para convertirse en un expediente abierto que amenaza con contaminar todo el mapa político.
Aquí es donde la coyuntura se vuelve crítica para el relevo institucional. Frente a la embestida judicial y la pérdida de control en la narrativa pública, la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra ante la prueba ácida de su mandato: ¿asumirá la conducción real del Estado marcando una línea divisoria tajante con las herencias tóxicas del pasado reciente, entiéndase López Obrador, o mantendrá el cierre corporativo de filas dictado desde la finca de Palenque?
La tentativa fallida de reinstalar a Rocha Moya en el Palacio de Gobierno de Culiacán no fue una ocurrencia solitaria; fue una medición de fuerzas. Representó el intento de la vieja guardia por demostrar que las lealtades corporativas y los acuerdos de origen están por encima del costo institucional. La respuesta, aunque tardía y desaseada, demostró que la presión externa ya no admite simulaciones. Mantener en la vitrina a personajes marcados por el descrédito erosiona de manera irreversible la legitimidad de un gobierno que apenas empieza a consolidar su propio estilo y mando.
La factura política se asoma ya en el horizonte de los comicios intermedios. Morena se enfrenta a la titánica tarea de blindar sus listas y definir perfiles en 30 entidades federativas sin la certeza de que sus abanderados estén a salvo de órdenes de aprehensión, fichas de extradición o el simple retiro de visas. El pánico a postular candidatos vulnerables ha empantanado la maquinaria electoral, demostrando que el pragmatismo desmedido tiene límites infranqueables.
La ciudadanía no es ingenua. Las encuestas y el pulso de la calle reflejan que el electorado observa con creciente desencanto cómo la promesa de regeneración moral tropieza con los mismos vicios de impunidad que se juró erradicar. Salvar la investidura presidencial y la viabilidad del proyecto no requerirá de más discursos inflamados ni de evasivas procesales a través de una fiscalía pasiva; exigirá decisiones quirúrgicas, deslindes auténticos y la entrega de resultados en materia de justicia.
El tiempo de las medias tintas se agotó. O el régimen entiende que la gobernabilidad no se sostiene con complicidades y purga de raíz las ramas podridas de su estructura, o el costo de sostener lo indefendible terminará por hundir la credibilidad del movimiento entero. La tormenta apenas comienza.
