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Por: Víctor R. Hernández
Mientras Claudia Sheinbaum dedicaba su mañanera de ayer, 6 de julio, a acusar al gobierno de Estados Unidos de “proteger” a Los Chapitos y al Cártel de Sinaloa, y anunciaba un informe oficial sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada para “defender la soberanía”, el periodista Luis Chaparro ya había entregado meses atrás (en mayo) —con nombres, apellidos y evidencias— una de las revelaciones más explosivas de los últimos años: dinero del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos, financió la campaña presidencial de la hoy mandataria.
El mismo Luis Chaparro, cuyas investigaciones la Presidenta ahora invoca selectivamente para construir su narrativa de injerencia estadounidense, es el que documentó cómo Jorge Antonio Cano Félix, yerno del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, actuó como recolector, entregador y principal donante de recursos provenientes del crimen organizado hacia la campaña de Sheinbaum.
Sobre esto, sólo escuchamos un silencio ensordecedor desde Palacio Nacional. Impunidad garantizada para los involucrados. Y una pregunta que no se puede seguir evadiendo: ¿quién gobierna realmente en México cuando el narco financia campañas y luego cobra favores con puestos y protección?
Lo que aporta Luis Chaparro (Pie de Nota, mayo 2026)
La investigación de Luis Chaparro en su espacio Pie de Nota, no es rumor ni especulación vaga. Es muy concreta:
- Jorge Antonio Cano Félix, esposo de Neida Rocha Ruiz e yerno de Rubén Rocha Moya, fue el mayor donante individual de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.
- No solo aportó dinero: coordinó eventos y fungió como enlace directo entre la facción de Los Chapitos (Cártel de Sinaloa) y el equipo de campaña morenista.
- Los recursos —millones de pesos— llegaron triangulados a través de este operador político familiar del gobernador sinaloense.
- Con o sin conocimiento de la candidata (la frase de Chaparro es deliberadamente precisa), el dinero del narco llegó a la estructura que llevó a Sheinbaum a la Presidencia.
El resultado está a la vista: Cano Félix ocupó puestos de primer nivel en la administración federal. Trabajó como subdirector de Nuevos Negocios en la Lotería Nacional y posteriormente se desempeñó como Subdirector de Tecnologías de la Información en Pemex Corporativo, durante el gobierno de López Obrador.
Y en junio, Mexicanos Contra la Corrupción lo vinculan con una empresa (Stare IT Services) que presuntamente importaba combustible de alto octanaje desde Texas. Según los señalamientos, el combustible para competencias fue clasificado y declarado ante la aduana de manera distinta a la correspondiente —como químicos, aditivos y embudos— supuestamente para evadir impuestos y controles. Es parte de los escándalos del huachicol fiscal.
Al mismo tiempo, Rocha Moya goza de una protección federal que ha impedido su extradición pese a los requerimientos de Estados Unidos. Y el gobierno de Sheinbaum ha priorizado blindar al exgobernador de Sinaloa “cueste lo que cueste”, como señala la misma investigación.
Esto no es teoría conspirativa. Es el reportaje de uno de los periodistas con mejores fuentes dentro del mundo del narcotráfico en México. Y la respuesta oficial ha sido el mutismo más absoluto.
La doble moral de la mañanera del 6 de julio
Ayer Sheinbaum acusó a Washington de defender a Los Chapitos y al Cártel de Sinaloa. Hoy anunciará un informe detallado —con participación de la Fiscalía General de la República— sobre cómo ocurrió la detención de “El Mayo” Zambada en 2024, para “poner en su justo término la injerencia” estadounidense.
El mismo periodista que usará (o citará) para reforzar su relato de soberanía violada es Luis Chaparro. El mismo que, meses atrás, reveló que dinero de Los Chapitos —la misma facción que hoy acusa de recibir protección de EU— financió su camino al poder.
¿Cuándo explicará la Presidenta esa parte de la investigación de Chaparro? ¿Cuándo rendirá cuentas sobre el origen de los recursos que pagaron su campaña? ¿O solo le sirve el trabajo del periodista cuando ataca a la oposición o a Estados Unidos, pero no cuando señala a su propio círculo?
Esta selectividad no es periodismo. Es narrativa de Estado. Y confirma lo que millones de mexicanos ya sospechan: que la impunidad no es un problema del pasado, sino una política de Estado que se actualiza con cada sexenio.
Lo que está en juego (y por qué importa en Durango y en todo México)
Si el mayor donante de una campaña presidencial fue un operador directo de Los Chapitos, vinculado familiarmente al gobernador más señalado por nexos con el Cártel de Sinaloa, entonces:
- La infiltración del crimen organizado en la política no es un problema de “gobiernos anteriores”. Es un problema estructural que persiste y se reproduce.
- La protección a Rocha Moya no es un acto de soberanía: es la factura que se paga por los favores recibidos (o por los favores que aún se necesitan).
- La impunidad de Cano Félix envía un mensaje claro al resto de operadores políticos: el narco puede invertir en campañas porque el Estado protege la inversión.
La promesa de la 4T de “acabar con la impunidad” y “no pactar con el crimen” choca de frente con estos hechos documentados. O la promesa era falsa desde el origen, o el poder real del narco dentro del sistema es mucho mayor de lo que se admite.
