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Víctor R. Hernández
Ante el informe presentado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y no por Donald Trump ni por la derecha estadounidense, lo único que atina a decir Claudia Sheinbaum es “pruebas, pruebas y pruebas”. Pero evade explicar si su gobierno investiga a fondo a los personajes de alto nivel, claves, en esta impresionante trama de corrupción.
Un análisis reciente sobre ese informe del Tesoro vincula al huachicol fiscal con redes criminales y con el financiamiento político en México. Los especialistas Jacobo Dayán y Alfredo Figueroa exponen cómo distintos cárteles de la droga colaboran con agentes del Estado para desviar recursos públicos y blanquear capitales a través del sector financiero. Una parte significativa del combustible que se vende en el país es de procedencia ilícita, lo que alimenta la corrupción y erosiona las instituciones democráticas. Los especialistas denuncian, además, un presunto encubrimiento institucional por parte del gobierno actual frente a evidencias de colusión en aduanas, puertos y medios de comunicación. Y coinciden en algo inquietante: hoy, las investigaciones estadounidenses y el periodismo independiente son las únicas vías vigentes para transparentar este complejo sistema de impunidad. Analicemos los siguientes componentes:
1.- El dinero que compra elecciones y silencios
Las inmensas ganancias ilícitas del huachicol fiscal financian campañas políticas y alimentan a medios de comunicación, con el objetivo de ayudar a ganar elecciones a políticos corruptos. Esta red opera a través de distintos mecanismos, tanto en el terreno electoral como en el mediático:
Campañas de aire y medios tradicionales. El dinero ilegal fluye hacia los medios en efectivo, para no dejar huella ni registro financiero. Con esos recursos millonarios se compran entrevistas a modo, tratos editoriales favorables —presentar al candidato como “el futuro político”— y se disfraza la propaganda como si fuera información periodística legítima, una práctica en la que históricamente han participado grandes medios y televisoras.
Contratos de publicidad simulados. Se asignan contratos gubernamentales enormes por publicidad que en realidad no se publica en su totalidad. Así se “bancariza” y se justifica formalmente el pago de coberturas editoriales favorables.
Redes sociales. El dinero ilícito también ingresa a plataformas como Facebook, X e Instagram para “producir” personajes políticos y promocionarlos artificialmente, ligándolos de origen a la red criminal.
2.- Campañas de tierra y compra de votos
A nivel territorial, los volúmenes de dinero del crimen organizado se inyectan directamente en las contiendas, rebasando por mucho los topes de campaña —200 o 300 millones de pesos en un municipio con un tope legal de 10 millones, por ejemplo— y financiando operaciones masivas de compra de votos que cambian artificialmente las tendencias de la opinión pública en muy poco tiempo.
A cambio de este financiamiento, los cárteles colocan a sus políticos en posiciones clave de gobierno: seguridad, obras públicas, finanzas. Desde ahí protegen la operación del huachicol, mantienen el control territorial de sus redes y aseguran los contratos que sirven para lavar el dinero de esas mismas actividades ilegales.
3.- Cómo se “legaliza” el combustible robado
El proceso para simular el pago de importaciones es preciso. El crudo robado en México y procesado en Estados Unidos regresa al país disfrazado: se factura primero como si fueran aditivos u otros productos, para evitar los impuestos correspondientes. Ya dentro del territorio nacional, compañías de transporte lo llevan a enormes centros de depósito y almacenamiento, donde se emiten facturas falsas que simulan el pago de la importación y construyen un rastro de papel que hace parecer legal el ingreso del crudo. Esa red de documentación apócrifa —que representa miles de millones de dólares— aparentemente ha pasado desapercibida para el SAT. Con el combustible ya “legalizado” en papel, las propias redes criminales lo distribuyen en gasolineras controladas o afiliadas a los cárteles, y en puntos de venta ilegal de huachicol.
4.- Ejército y Marina, facilitadores de la ruta
El Ejército y la Marina controlan los puntos estratégicos de ingreso a México: el Ejército, las aduanas terrestres; la Marina, los puertos. Al permitir el ingreso sistemático del combustible de contrabando, sus miembros actúan, según el análisis, como integrantes de una “empresa criminal continua” junto con cárteles, empresas y políticos.
Las evidencias documentadas incluyen carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República contra elementos de ambas instituciones —entre ellos, dos sobrinos del exsecretario de Marina de la administración de López Obrador, y militares responsables de la aduana de Matamoros— y las revelaciones del periodismo de investigación, como la serie “Soldados del Huachicol”, que difundió audios de la Marina donde se confirma cómo opera el negocio.
El volumen del negocio —entre un cuarto y un tercio de toda la gasolina que se vende en México— es tan descomunal que resulta imposible que opere solo con mandos medios o bajos. Requiere, forzosamente, la participación y el encubrimiento de altos funcionarios del Ejército, la Marina, Pemex, el SAT y la Secretaría de Energía.
5.- Pemex y el SAT: los encubridores esenciales
Pemex y el SAT no cometen simples omisiones administrativas: son parte integral de lo que el gobierno estadounidense califica como una “empresa criminal continua”. El tamaño de la operación —de nuevo, entre un cuarto y un tercio del combustible vendido en el país— exige la participación activa de altos funcionarios de ambas instituciones.
Resulta inverosímil que el SAT no haya detectado las miles de millones de dólares en facturas falsas que se emiten sistemáticamente para simular el pago de importaciones. Y todo el crudo robado en México, exportado a Estados Unidos y devuelto como huachicol fiscal, no está reportado en las finanzas de Pemex: un “hoyo negro” que acumula faltantes multimillonarios sin explicación técnica alguna.
Si el gobierno mexicano quisiera desmentir al Departamento del Tesoro, bastaría con que Pemex o el SAT hicieran públicos los registros de venta a gasolineras, las importaciones lícitas y el pago de impuestos de los últimos diez años. Ante las preguntas específicas, ambas instituciones eligen el silencio.
6.- El encubrimiento desde Palacio Nacional
Esa falta de respuesta técnica y transparente, según los analistas, obedece a una práctica de encubrimiento. En lugar de explicar los vacíos financieros o publicar los datos que desmentirían las acusaciones, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por desestimar el informe, alegando que se trata de señalamientos hechos “en campaña política”, y repitiendo que “no hay pruebas”.
La explicación de fondo, dicen los expertos, es que la clase política en el poder está profundamente coludida con esta red. La presidenta podría no participar de manera directa en las operaciones, pero sus colaboradores sí lo hacen, lo que la vuelve corresponsable, al menos, por encubrimiento.
7.- Desmantelamiento del Poder Judicial
Ahí encaja el reciente desmantelamiento del Poder Judicial y de los órganos de transparencia: una reforma diseñada, según el análisis, para impedir que estas redes de corrupción sean investigadas. Una clase política “demasiado embarrada” con el crimen organizado —que maneja cientos de miles de millones de pesos y está aliada con generadores de violencia brutal— sabe que no puede dejar el poder sin enfrentar consecuencias legales. Por eso las reformas judiciales y electorales funcionan como blindaje: destruyen las instituciones capaces de documentar e investigar estos delitos y aseguran la permanencia en el poder de quienes las impulsaron.
El resultado es este: hoy, la única amenaza real para la red del huachicol fiscal proviene de las investigaciones y agencias de Estados Unidos, ante un silencio y un encubrimiento prácticamente totales en México.
