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Por :Víctor R. Hernández
I.- Para todo político profesional, y más a nivel de gobernadores, la confianza es el activo más valioso y, a la vez, el más volátil. Cuando el diseño institucional de un Estado se convierte en mercancía de canje personal, el sistema entero entra en una fase de degradación sistémica. La filtración de los audios que involucran a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda —difundidos por el periodista Héctor de Mauleón—, no representa un simple escándalo local. Estamos ante una crisis de control de daños estructural que impacta directamente la línea de flotación de la seguridad nacional, la certidumbre de la inversión en la frontera norte y la delicada relación bilateral con los Estados Unidos.
El contenido de las grabaciones es demoledor por su naturaleza explícita. Es la voz de una mandataria estatal buscando afanosamente un mecanismo de inmunidad ante fiscales estadounidenses. La narrativa oficial, que intentó posicionar el suceso como una “conversación institucional de rutina”, se colapsa por su propio peso. Una reunión bilateral formal no se agenda en la clandestinidad de un hotel a petición de un gobernante que teme cruzar la frontera; una cooperación institucional no se ofrece bajo la premisa de “entregar todo lo que se escucha” en las mesas donde se coordinan las fuerzas armadas del país.
El diagnóstico estratégico es nítido: la gobernadora opera bajo un escenario de vulnerabilidad extrema, motivada por el retiro previo de su visado estadounidense y el avance de indagatorias que ligan a su entorno más cercano con estructuras del crimen organizado. Al verse contra las cuerdas, la respuesta de la mandataria no fue la institucionalidad, sino la capitulación informativa a cambio de impunidad personal. La implicación es profunda: la mesa de seguridad de Baja California, concebida como el búnker estratégico para pacificar la región, fue expuesta como un centro de acopio de información para ser entregada a una potencia extranjera con el fin de resolver un problema penal privado.
II. La Operación Harfuch: El Alto Costo del Blindaje Político
Frente a una crisis de esta magnitud, la velocidad y la forma de la reacción del gobierno federal morenista, revelan cuáles son las verdaderas prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum. La comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, operó como un ejercicio clásico de contención corporativa y control de pérdidas, pero con un costo colateral inmenso para la arquitectura de seguridad que él mismo pretende consolidar.
Al declarar de forma expedita que “no se infiere ningún tipo de delito” en los audios y, de manera más sorprendente, argumentar que en las mesas de seguridad estatales “no se maneja información tan confidencial o sensible que deba preocupar”, el secretario tomó una decisión de alto riesgo. Para blindar a una gobernadora de su propio partido y evitar un vacío de poder en una entidad clave para el nearshoring, Harfuch decidió dinamitar la narrativa de la importancia estratégica de sus propios gabinetes de seguridad.
Si en las mesas donde participan la Sedena, la Semar, la Guardia Nacional y los fiscales no se discute información operativa o de despliegue táctico, ¿cuál es el propósito real de esas reuniones matutinas? El secretario no le estaba hablando a la ciudadanía ni a sus contrapartes en Washington. Su mensaje tenía un destinatario único: los sectores duros de Morena. El mensaje implícito es diáfano: “Confíen en mí, estoy dispuesto a batirme en el lodo mediático y a defender lo indefendible con tal de preservar la cohesión del proyecto.” Con este movimiento, Harfuch busca consolidar sus credenciales de lealtad absoluta de cara al futuro, sacrificando en el camino su activo más cotizado: la imagen de un técnico pragmático bien visto por el FBI.
III. La Asimetría Narrativa y el Veredicto del Fuego Amigo
La gestión de esta crisis pone al descubierto una profunda diferencia en la aplicación del marco legal y el discurso ético del régimen. Cuando las reglas cambian radicalmente según la filiación política del actor involucrado, la legitimidad del sistema se erosiona.
Para entender la magnitud del doble rasero, basta contrastar la coyuntura actual con los eventos de hace apenas dos meses, cuando el oficialismo linchó mediáticamente a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos. En aquella ocasión, la detección de dos agentes de la CIA colaborando en un operativo contra un macro-laboratorio de fentanilo fue catalogada de inmediato como un acto de “traición a la patria”. Hoy, ante una gobernadora propia capturada en audio ofreciendo delatar los secretos del gabinete de seguridad a cambio de conservar su visa, la respuesta oficial es radicalmente opuesta. No hay acusaciones de traición ni carpetas abiertas en la FGR; al contrario, la estrategia parlamentaria busca desviar la atención hacia la ilegalidad del “espionaje”.
Sin embargo, el golpe más certero no provino de la oposición, sino del propio corazón ideológico del régimen. La publicación de la editorial “Rayuela” en el periódico La Jornada dejó una sentencia lapidaria: “Si colabora como sapo, delata como sapo y trabaja a las órdenes de otra nación como sapo, ¿qué es la gobernadora morenista Marina del Pilar convertida en un sapo del crimen organizado…?” Esta definición destruye cualquier pretensión de dignidad institucional. Marina del Pilar ha quedado marcada no como una víctima de espionaje, sino como un elemento no confiable para el propio sistema que hoy la protege por mera necesidad táctica.
IV. La Línea Dura de Washington y el Cierre de Cuentas
Mientras el gobierno intenta sofocar el incendio mediante el control de la narrativa mediática, el verdadero riesgo estratégico se cocina al otro lado de la frontera. El escenario internacional no se rige por los acuerdos de impunidad parlamentaria en la Ciudad de México.
La declaración por escrito del director de la DEA, Terry Cole, sentenciando explícitamente que existe una “mortal conexión entre las redes de los cárteles y el gobierno de México: son lo mismo”, representa un cambio de paradigma. La prioridad número uno de la DEA ya no es solo la captura de capos operativos; es el desmantelamiento de los “narcopolíticos”. Desde la perspectiva de Washington, el audio de Marina del Pilar es una evidencia material que corrobora su hipótesis de trabajo.
El gobierno federal ha decidido cargar con el costo reputacional de sostener a la gobernadora para evitar una muestra de debilidad en el norte del país. La defensa corporativa operada por Harfuch ha desactivado temporalmente la crisis política inmediata, pero a costa de vaciar de contenido la legitimidad de las mesas de seguridad. Marina del Pilar permanece en su cargo, pero su autoridad moral y política ha quedado destruida. El oficialismo ha ganado tiempo, pero ha perdido la brújula de la congruencia y la soberanía. La factura final apenas comienza a calcularse en los despachos más importantes de Palacio Nacional y Washington.
