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Por: Víctor R. Hernández
Comenzamos la semana con una clara realidad que, pacientemente, Estados Unidos ha venido armando sobre la clase política de Morena: esta organización política ha construido en escasos siete años, un Estado Criminal Continuo, al que habrá que desarticular en los meses por venir. Por lo pronto, las carpetas de investigación que se siguen alimentando, tienen como objetivo inmediato de demostrar que Morena es un narco-partido terrorista. De ese tamaño es el problema que López Obrador y Claudia Sheinbaum, enfrentan desde hace semanas.
Y quien mejor ha detectado la hoja de ruta que se ha tratado desde Washington es el columnista de El Financiero, Raymundo Riva Palacio, en su entrega del viernes 15 de mayo:
La protección política y legal que ha tendido el gobierno sobre Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses acusados de haber recibido ayuda de Los Chapitos, miembros del Cártel de Sinaloa, para ganar las elecciones para gobernador en 2021, a cambio de facilitarles sus actividades criminales, abre una puerta muy peligrosa para la presidenta, Morena y todo el movimiento obradorista, porque el partido en el poder podría ser declarado una organización terrorista. Y, con ello, los partidos de la coalición gobernante, los empresarios que aportan recursos, las empresas y bancos que tengan relación con Morena, serían cómplices y sufrirían las mismas sanciones.
El planteamiento tiene como fundamento la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de abril (se puede leer en español en esta liga: https://shorturl.at/Y8wZz), donde se señala que Los Chapitos movilizaron a sus sicarios para que robaran urnas, secuestraron e intimidaron a los candidatos de oposición, a cambio de garantizarles “impunidad” en Sinaloa, nombrar en puestos a personas que les indicaron y recibir protección para el tráfico de drogas. La acusación establece la relación de Rocha Moya con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, tiempo antes del proceso electoral, que es la parte central de su primera imputación.
La acusación es más grave de las que en años previos formularon en Estados Unidos contra algunos exgobernadores mexicanos y contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, porque lo que describe no son actos individuales, sino toda una operación del gobierno estatal al servicio de Los Chapitos que, además, se encuentra dentro de un nuevo paradigma: la designación de que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas extranjeras, que tiene implicaciones significativas para terceros, incluido Morena.
Existe un precedente histórico en España, con el partido Batasuna, que había sido parte de la coalición Herri Batasuna en el País Vasco y que fue ilegalizado en 2003 al aplicarse la Ley de Partidos, luego que el Tribunal Supremo determinó que era el brazo político de ETA, la organización separatista señalada como un ente terrorista. Tras ese fallo, el gobierno de Estados Unidos, que había designado a ETA una organización terrorista en 1997, agregó a la lista a Batasuna. El Departamento de Estado la mantuvo en la lista hasta su disolución en 2013.
En Sin Censura del 14 de mayo, registramos que ademas del caso de España, otros tres:
1- En Guatemala cancelaron un partido por financiamiento narco.
2- En Colombia, si tus candidatos salen condenados por parapolítica, pierdes la silla y te vas debilitando hasta desaparecer.
3- En Perú te disuelven por conducta antidemocrática. Allá el partido responde por a quién mete en su casa.
Aquí no. Aquí Morena puede tener gobernadores señalados, candidatos con antecedentes, financiamiento fantasma y apoyo armado, pero mientras no se demuestre que la dirigencia nacional mandó un memo oficial diciendo “coopérense con el cártel”, todo es legal.
