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Por: Víctor R. Hernandez
En medio de la creciente tensión bilateral provocada por las acusaciones de Estados Unidos contra 10 funcionarios vinculados al Cártel de Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes 18 de mayo, la visita de tres enviados de alto nivel de la Casa Blanca para abordar temas de seguridad, combate a las drogas y negociación comercial.
La Mandataria detalló que mañana jueves sostendrá una reunión con el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
El lunes 25 de mayo, recibirá a la titular de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas, Sara Carter, y concluirá los encuentros el miércoles 27 con el embajador Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.
Para quienes observamos el escenario de alta tensión en el que se siguen moviendo las relaciones bilaterales, dos temas, con toda seguridad, acapararán la atención: El caso Rocha Moya y el del Huachicol Fiscal. En ambos casos hay políticos de alto nivel de Morena implicados y en ambos casos, Estados Unidos tiene ya, las suficientes pruebas para exigir su detención y extradición. Por el momento, dejemos de lado el tan debatido caso de Rocha Moya y los funcionarios acusados de narcoterrorismo y abordemos el del Huachicol Fiscal, que como se concluirá líneas abajo, está igual o más interesante que el del gobernador con licencia.
De entrada tendremos que puntualizar que el caso de Huachicol, revela una operación clásica de contención de daños y blindaje cupular por parte del régimen de la llamada Cuarta Transformación. Para demostrarlo, nos apoyamos en la columna de Raymundo Riva Palacio, del 18 de Mayo, en El Financiero.
Para desarticular la narrativa oficial, debemos desglosar los componentes logísticos, institucionales y financieros que demuestran que el caso penal contra el vicealmirante Fernando Farías Laguna y el contraalmirante Manuel Farías Laguna no es un asunto de delincuencia organizada convencional, sino una operación de Estado.
1. La imposibilidad logística e institucional
En la gestión de grandes volúmenes de comercio exterior, la logística es implacable. Imputar el control de una red de contrabando de millones de litros de combustible a solo dos mandos navales es un absurdo técnico que se cae por su propio peso. Una operación de la escala que se describe requiere una alineación perfecta de las siguientes ventanillas del Estado mexicano:
- PEMEX: Para la gestión de permisos de importación, cuotas de refinación y asignación de canales de distribución.
- SAT y Aduanas: Para la validación de pedimentos, la omisión deliberada de aranceles y el paso libre en puertos y fronteras.
- Secretaría de Marina: Para coordinar la seguridad en los litorales y omitir las inspecciones de buques de gran calado.
Premisa de Dirección: En el diseño institucional mexicano, ninguna de estas dependencias opera de manera aislada. Para que un flujo ilegal de esta magnitud sea sostenible, se requiere una coordinación centralizada al más alto nivel del Poder Ejecutivo, una estructura que los hermanos Farías Laguna, a pesar de sus rangos y su parentesco con el exsecretario Rafael Ojeda Durán, jamás habrían tenido la facultad legal ni fáctica de operar de forma independiente.
2. El Factor Houston y la Presión Geopolítica
La incursión de agencias gubernamentales norteamericanas en el corporativo Icon Missam en Houston, Texas, cambia las reglas del juego. El decomiso de servidores y computadoras, junto con el registro de esos 69 buques cisterna, traslada el caso del ámbito de la narrativa política interna al terreno de la seguridad bilateral.
- El régimen de la presidenta Claudia Sheinbaum ya no solo compite contra las filtraciones periodísticas locales (como las de Código Magenta), sino contra un expediente de la justicia estadounidense que ya posee la trazabilidad del dinero y de los despachos de combustible.
- La imputación exprés por “asociación delictuosa y defraudación fiscal” a Manuel Farías parece ser una estrategia de control temprana para intentar cerrar el caso localmente antes de que los datos duros de la investigación en EE. UU. pinchen la burbuja de la narrativa oficial.
3. La Verdadera Red del Poder: el factor familiar y la estructura operativa
Los indicios y las líneas de investigación más sólidas apuntan a que los hermanos Farías Laguna —personajes con carreras navales de tres décadas y altas calificaciones académicas— están siendo utilizados como “chivos expiatorios” para proteger a la verdadera aristocracia del régimen. La estructura involucra directamente al círculo de confianza del expresidente:
- Andrés López Beltrán (“Andy”): Como el articulador político del entramado de asignaciones y designaciones clave.
- Daniel Asaf, Marcos Herrerías y Antonio Martínez Dagnino (SAT): Quienes fungieron como los operadores y administradores del andamiaje institucional que permitió el flujo y los permisos del combustible ilegal.
4. La Flagrante Obstrucción a la Justicia: el escudo de la “seguridad nacional”
La reserva de los expedientes acusatorios por los próximos cinco años bajo el argumento de “seguridad nacional” es la prueba más contundente de la indefensión jurídica y de la debilidad del caso gubernamental.
- Si el gobierno tuviera las pruebas definitivas de que dos marinos operaron en solitario un fraude de miles de millones de dólares, el expediente sería público y se utilizaría como trofeo en las conferencias matutinas.
- La clasificación del expediente no busca proteger al país; busca ocultar los nombres de los verdaderos beneficiarios en las actas de investigación y evitar que las defensas legales de los acusados exhiban las órdenes firmadas que venían de oficinas superiores.
5. La Inconsistencia Financiera
El análisis de auditoría forense elemental desmonta la acusación. En un negocio estimado en magnitudes macroeconómicas, la riqueza deja una huella indeleble. El hecho de que las cuentas de Fernando Farías reflejen apenas 8 millones de pesos, correspondientes a sus honorarios y ahorros legítimos como agregado militar en la Embajada de México en Madrid, demuestra una desconexión absoluta entre el volumen del delito imputado y la realidad patrimonial del acusado. Los verdaderos miles de millones no están en las cuentas de los marinos; están en las firmas de papel de los creadores de empresas fantasma y en los operadores financieros del círculo político tabasqueño.
Estamos ante un escenario donde el régimen de Sheinbaum hereda y perpetúa un mecanismo de impunidad estructural. Al mantener a Fernando Farías bajo trámite de asilo en Argentina y a Manuel bajo un cerco legal sin acceso a su propio expediente, el gobierno federal no busca justicia, sino tiempo y silencio. Es una contención política para evitar que el escándalo del “huachicol fiscal” termine por demoler la narrativa de honestidad de la administración anterior y toque las puertas del actual gabinete de transición.
Pero la visita de estos tres altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, ponen contra la pared la política de simulación e impunidad que presurosamente ha implementado el gobierno de la autodenominado Cuarta Transformación.
