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Por: Víctor R. Hernández
No fue un error de cálculo. No fue “pagarán justos por pecadores”. Fue un reemplazo. Entre 2020 y 2024, el gobierno federal no saneó la distribución de medicamentos: desmanteló a las siete grandes distribuidoras históricas y abrió un hueco que ocuparon empresas sin cadena de frío, sin bodegas sanitarias y sin historial técnico. El resultado está a la vista: alrededor de 85 millones de recetas sin surtir y un gasto que, lejos de bajar, subió 30 por ciento, de 73 mil a 93 mil millones de pesos. El “ahorro institucional” se convirtió en captura de renta. Tres núcleos lo hicieron posible.
El primero gira en torno a Jorge Amílcar Olán Aparicio. No es un contratista más. Es el operador que articula negocios de salud, ferrocarril y energéticos con la familia del expresidente. A través de Romedic obtuvo 304 millones de pesos en Quintana Roo, con Mara Lezama, y proyectaba 500 millones más con intermediarios locales. Poyago es el caso de manual: una ferretera convertida en farmacéutica cuando la compró Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador de confianza de Olán. El mismo De la Cruz Murillo había fundado Portacelis OC con el abuelo materno de Olán. La empresa, sin perfil sanitario, vendió Sitagliptina/Metformina a entre 2 mil 300 y 2 mil 500 pesos la unidad cuando la compra consolidada del sector salud la pagaba a 210. En agosto de 2024 todavía recibía pedidos por 149 millones en Nayarit. El desabasto local se transformó en “compra de emergencia” y el margen del mil por ciento se institucionalizó.
El segundo núcleo opera desde Veracruz. Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle, y Aldo Díaz Pérez, exsubdirector de Segalmex, coordinaron 761 contratos —la mayoría por adjudicación directa— por mil 198 millones de pesos entre 2020 y 2024 a través de Ethomedical y Abastecedora de Medicinas y Materiales. En 2022 Cofepris señaló a Ethomedical por falta de infraestructura y fauna nociva en sus bodegas. Siguió contratando. Bleomicina oncológica se facturó a 3 mil 200 pesos cuando el mercado real la cotizaba en 329. Sitagliptina, a 850 contra 118 de la compra consolidada: 620 por ciento de sobreprecio. El IMSS fue la caja.
El tercero es la familia Dagnino, parientes del exgobernador Guillermo Padrés. Sirvieron de puente logístico entre Olán y gobiernos estatales del Pacífico y el norte. Los tres núcleos, juntos, capturaron al menos 3 mil 500 millones de pesos entre 2020 y 2023. Nada de esto fue espontáneo. Requirió facilitadores internos.
Alejandro Calderón Alipi, “El Cuchillo”, pasó del Insabi a la dirección de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar sin méritos técnicos visibles. Desde ahí diseñó licitaciones “a la medida” y patrones de compra que direccionaron el mercado hacia el mismo círculo. En 2024 lo premiaron con la Secretaría de Salud de Tabasco. Andrés “Andy” López Beltrán fue el articulador político. Su influencia permitió que Olán saltara de medicamentos al balasto del Tren Maya. En agosto de 2026 el Departamento de Estado le canceló la visa. Ese hecho aceleró la fuga.
En 2026 la red cambió de fase. Eduardo Clark y Cofepris, después de años de irregularidades documentadas, vetaron a varias de estas empresas como proveedoras del gobierno. Mientras tanto, Amílcar Olán y Silvia Cárdenas Arias montaron en Bay City, Texas, Stone Basaltico LLC, Quincar LLC y Basalt Group LLC. Aprovecharon la suspensión, en marzo de 2025, de la regla de reporte de beneficiarios finales de la Ley de Transparencia Corporativa estadounidense. El rastro no se detuvo en medicamentos. Hacienda y el SAT detectaron un daño de 834 millones de pesos por Portacelis Gas and Oil: importaban combustible declarándolo “aditivos” para evadir impuestos especiales. La empresa está vinculada a Ikon Midstream, firma texana investigada por el FBI por presunto suministro de combustible a organizaciones criminales.
Lo que empezó como una narrativa de combate a la corrupción terminó como una estructura de extracción transnacional. El Estado no perdió el control de la cadena de suministro por incompetencia. Lo cedió. Las barreras técnicas de entrada desaparecieron. Las compras emergentes se volvieron la regla. Los sobreprecios se volvieron política. Y cuando la presión judicial y regulatoria creció en México, los operadores buscaron refugio corporativo en Texas y diversificaron hacia el huachicol fiscal.
Hay un costo que no aparece en las facturas. Millones de pacientes con diabetes, cáncer o enfermedades crónicas enfrentaron recetas vacías mientras el gasto público subía. El sistema de salud no colapsó por falta de dinero. Colapsó porque el dinero se redirigió. La “red del malestar” no es una metáfora. Es el mapa de cómo se convierte la enfermedad de la gente en rentabilidad de un clan.
El veto tardío de Cofepris y las pesquisas del SAT no cierran el expediente. Lo abren. Porque el mismo modelo —adjudicación directa, empresas de papel, precios imposibles y facilitadores en puestos clave— se replicó en otros rubros. Lo que ocurrió en salud entre 2020 y 2026 no es un capítulo aislado. Es la plantilla. Y las plantillas, cuando no se desmontan, se copian.
Quienes diseñaron el reemplazo de las distribuidoras sabían que el desabasto generaría “emergencias”. Las emergencias justificaron las compras directas. Las compras directas justificaron los sobreprecios. Los sobreprecios financiaron la red. La red, al sentirse acorralada, cruzó la frontera. Esa es la secuencia. No hay misterio. Hay método.
La pregunta que queda no es si existió el desfalco. Los números, las actas de Cofepris, las facturas comparadas y las sociedades en Texas ya lo documentan. La pregunta es si el Estado mexicano va a tratar esto como un asunto de proveedores irregulares o como lo que es: la captura de un sistema de salud por una red de confianza política que convirtió el dolor de los pacientes en flujo de caja. Mientras esa distinción no se haga con claridad, el malestar seguirá siendo un negocio.
