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Por: Víctor R. Hernández
El gobierno no sube impuestos. Lo jura Sheinbaum, lo jura Hacienda, lo jura Alfonso Ramírez Cuéllar. Y, en el sentido más estrecho del diccionario, tienen razón: la tasa del ISR corporativo sigue en 30% y el IVA general no se mueve del 16%. Lo que sí hacen —con pulso de cirujano y discurso de feria— es cambiar las reglas con las que se calcula la base, topan las deducciones, recortan el uso de pérdidas fiscales y, para que el cuadro no se vea tan seco, ofrecen a las micro y pequeñas una zanahoria: pagar IVA al 7% “y ya”, sin la contabilidad del acreditamiento.
Esa es la operación política del Paquete Económico 2027. Arriba, el garrote. Abajo, el caramelo. En el centro, 140 mil millones de pesos que el fisco quiere extraer el año próximo sin pronunciar la palabra maldita: reforma fiscal.
Ramírez Cuéllar lo dice sin anestesia. De las empresas del régimen general que declararon ingresos, cientos de miles no enteran un peso de ISR.
Hacienda pone números: 524 mil con ingresos positivos en 2025; 318 mil —seis de cada diez— sin pago del impuesto; 223 mil con deducciones iguales o mayores a lo que facturaron; 129 mil con pérdidas tres años seguidos; 54 mil con cinco o más.
Hay quien lleva dos décadas declarando que el negocio no da. El vicecoordinador de Morena lo llama “injusticia”. Tiene un punto. Un sistema en el que la mayoría de las personas morales con ventas no cubre ISR no es un sistema: es un agujero con membrete.
El problema empieza cuando el Estado confunde el agujero con toda la anatomía de la empresa formal.
La fórmula que manda Hacienda a San Lázaro no distingue con cirugía fina al facturero del mayorista de margen raquítico. Para quien factura más de 50 millones y determina utilidad, las deducciones se amarran a un tope de 96.67% de los ingresos acumulables —o al 99% si queda debajo de ese umbral—.
Las pérdidas de años anteriores solo podrán comerse la mitad de la utilidad del ejercicio. Los intereses netos deducibles bajan del 30% al 20%. Se acaba el régimen de grupos que permitía diferir impuesto. Amador Zamora consuela: nadie pierde las deducciones, solo las pospone hasta 20 años.
El empresario que opera con tres puntos de margen responde lo obvio: el SAT no cobra en 2046; cobra en 2027.
Coparmex, el CCE, Concamin y Canacintra ya lo advirtieron, con la cautela de quien no quiere pelea abierta con Palacio: el golpe pega a quien tiene ventas altas y utilidad delgada —abarroteros, distribuidores, automotrices, industrias intensivas en capital y endeudadas—.
No es un impuesto sobre ventas con ese nombre. Funciona como si lo fuera para quien quede atrapado en la aritmética. Eso no es “proteger a las que están en regla”. Es redefinir qué significa estar en regla.
Y entonces aparece la zanahoria.
En la mañanera, Antonio Martínez Dagnino y la presidenta anuncian el alivio para la base: el RESICO sube de 3.5 a 5 millones para personas físicas y micronegocios, y de 35 a 50 millones para pequeñas empresas; el sector primario ve el ingreso exento de ISR de 900 mil a un millón; pagos trimestrales, plazos, depreciación más rápida de computadoras y autos.
Lo mediático es el IVA plano del 7%, voluntario, “porque tardan mucho en hacer la contabilidad”. Sheinbaum lo resume con esa claridad de pizarrón: si quieren, siguen como están; si no, pagan 7% y se acabó. El SAT estima 1.6 millones de contribuyentes más en la red. Caintra y otras cámaras pidieron menos trámites. El gobierno les entrega un atajo.
Hay que decirlo con claridad: para el changarro que casi no acredita IVA, el 7% puede ser un alivio real. Para quien invierte, compra insumos o renueva equipo, puede salir más caro que el 16% con acreditamiento.
La opción no es un regalo universal. Es un menú. Y el menú sirve, sobre todo, para fotografiar al régimen del lado de “los de abajo” mientras se rediseña la base de “los de arriba”.
Los Censos Económicos 2024 le dan el telón perfecto. Más de 5.4 millones de unidades económicas; 95.5% micro; las grandes, apenas una fracción de las unidades y casi 29% del empleo.
Con esa geometría, cualquier cerco a empresas de más de 50 millones se vende como justicia y no como ingeniería tributaria. La informalidad sigue arriba del 64% en el sector privado. Formalizar la base y exprimir la cúspide formal es la tenaza completa.
Lo que el discurso no pone en la misma oración es el otro lado del presupuesto. Gasto neto de 10.6 billones. Déficit de 3.9% del PIB. Más de un billón en programas sociales. Pensiones por 2.48 billones. Costo financiero de la deuda cercano a 1.57 billones, creciendo a doble dígito real. Coparmex lo apuntó sin poesía: el déficit sigue por encima de la inversión pública. Se pide prestado para gasto corriente.
Los 140 mil millones del ISR empresarial no nacen de un hallazgo moral súbito; nacen de un Estado que agrandó el gasto y no quiere admitir la factura con su nombre.
Por eso la coreografía es tan cuidada. No hay reforma. Hay “combate a la planeación agresiva”. No hay alza de tasas. Hay “estandarización de deducciones”.
No hay golpe a la inversión. Hay reuniones previas con las cámaras. Ramírez Cuéllar jura que las cumplidas quedarán a salvo. El SAT ya cerró decenas de miles de factureras. Todo eso puede ser, a la vez, verdad parcial y tapadera.
El huachicol fiscal del sexenio anterior —cientos de miles de millones, según quién calcule— dejó un hueco. Ahora se cobra, en parte, con un tope porcentual que trata igual al simulador y al comerciante de margen corto.
2027 no es un año contable cualquiera. Es año de Congreso y de construcción política. Un billón en transferencias se sostiene mejor si el votante escucha que “por fin van a pagar los que no pagan” y el pequeño patrón escucha que le bajan el trámite del IVA. La columna vertebral del arreglo no es la equidad tributaria. Es la caja.
Se puede —y se debe— ir contra la factura falsa, contra la pérdida eterna y contra el abuso de deducciones inventadas. Eso no autoriza a disfrazar de simplicidad un rediseño que aumenta la tasa efectiva sin tocar el 30% en el papel. La zanahoria del 7% no anula el garrote del 96.67%. Las dos piezas salieron juntas del mismo Paquete porque una sola no se sostiene en el relato.
México no tiene un dilema entre cobrarle al evasor o dejarlo ir. Tiene un dilema más incómodo: si el fisco puede ensanchar la base sin secar la inversión de quien sí produce, sí emplea y, a veces, sí opera con márgenes que el Excel de Hacienda no perdona. El gobierno ya eligió el eslogan. El país verá, en las declaraciones de 2027 y en el empleo que sí o no se cree, si la zanahoria era alimento o solo el color que hacía falta para que el ISR nuevo pasara como justicia.
