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Por: Víctor R. Hernández
En México, la justicia no es ciega. Es miope, parcial y convenientemente selectiva. Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) despliega operativos espectaculares para encarcelar a figuras de la oposición, las redes de corrupción y contrabando que presuntamente involucran a funcionarios del más alto nivel del gobierno anterior y del actual morenista gozan de una impunidad que raya en la complicidad institucional. El caso más reciente y escandaloso es el del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, primer mandatario de oposición en la historia moderna de México, quien ya duerme en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Su delito: presunta participación accionaria en una red de huachicol fiscal.
El contraste es insultante. Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, empresario con nexos históricos probados con el Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, Los Zetas y una red de contrabando de hidrocarburos que llegaba hasta Europa, fue detenido y liberado casi de inmediato por la misma FGR. Su empresa era accionista mayoritaria de los carrotanques que introducían combustible ilegal desde Estados Unidos. Posee una vasta red de gasolineras en el norte del país donde, según indicios, se comercializaba el producto ilícito. Tiene sentencia condenatoria en EE.UU. y, según reportes de prensa mexicana y estadounidense, opera ahora como testigo protegido. ¿A cambio de qué? La pregunta flota en el aire y nadie del gobierno la responde.
Mientras tanto, Ruffo Appel —figura histórica del PAN— es perseguido, capturado y enviado al Altiplano junto con otros imputados por un esquema que, según la FGR, generó un daño de más de 4 mil millones de pesos. Un juez de carrera había rechazado inicialmente la orden de aprehensión por falta de pruebas. Horas después, aparece una jueza de guardia designada bajo las nuevas reformas judiciales y concede la captura. El mensaje es claro: el sistema judicial, ahora más controlado que nunca, sirve para exhibir trofeos opositores.
El doble rasero del huachicol oficial
No es un caso aislado. Meses antes del operativo contra Ruffo, se decomisaron 8 millones de litros de huachicol en un predio de Baja California perteneciente a Gerardo Novelo Osuna, exsenador de Morena, y vinculado a familiares políticos de la actual gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila. Similitud absoluta en el delito. Resultado dispar: los vinculados al oficialismo siguen en libertad. Novelo incluso ha tramitado amparos y niega responsabilidad alegando arrendamiento del terreno.
A esto se suma la inacción —o protección— frente a denuncias sobre redes de huachicol presuntamente encabezadas por sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Figuras como Fernando Farías Laguna, contralmirante y sobrino político, han sido señaladas en estos esquemas. Algunos han sido detenidos en el extranjero, pero el avance real en México contra la cúpula naval y política luce tibio cuando se compara con la velocidad contra Ruffo.
La selectividad se extiende a otros pesos pesados del oficialismo:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las investigaciones estadounidenses avanzan; en México, la protección parece absoluta.
- Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, acusada de negociaciones secretas con el FBI por su visa y posibles impunidades. Su entorno familiar y político aparece una y otra vez en decomisos de combustible.
- Familiares del expresidente López Obrador —sus hijos Andy, Bobby y José Ramón—, denunciados por tráfico de influencias en megaproyectos sin que la FGR muestre dientes reales.
Manipulación judicial y el nuevo autoritarismo
Los cambios en el Poder Judicial no han servido para agilizar la justicia, sino para facilitarle al Ejecutivo la captura selectiva de adversarios. En el caso Ruffo, el cambio de juez fue oportuno y revelador. Críticos lo ven como parte de un patrón: usar el aparato estatal para mandar mensajes de control absoluto sobre Congreso, fiscalías y tribunales. El gobierno de Claudia Sheinbaum niega persecución política y habla de “investigaciones a largo plazo”. Morena acusa a la oposición de invocar el Estado de derecho solo cuando le conviene. Pero los hechos gritan otra cosa: la ley alcanza rápido a los de enfrente y se vuelve laxa, lenta o inexistente con los propios.
¿Dónde queda la “cuarta transformación” que prometía acabar con la corrupción y la impunidad? En su lugar, tenemos una industria del huachicol fiscal protegida por instituciones como la Marina y el Ejército durante el sexenio de López Obrador, con funcionarios de primer nivel presuntamente involucrados, y una FGR que elige con precisión quirúrgica a sus objetivos.
Ernesto Ruffo Appel no es un santo intocable. Si hay pruebas sólidas contra él, que proceda la justicia. Pero esa misma justicia debe aplicarse sin misericordia a “El Mono” Muñoz, a Novelo, a los sobrinos de la Marina, a los gobernadores morenistas señalados y a los familiares del expresidente. De lo contrario, no estamos ante un Estado de derecho, sino ante un régimen que usa la ley como garrote contra opositores y como escudo para los suyos.
