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Durango, Dgo.- En un paso histórico hacia la equidad y la austeridad, el Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad una reforma constitucional que pone fin a las jubilaciones excesivas en el sector público. A partir de ahora, ningún funcionario podrá gozar de una pensión que supere la mitad de lo que percibe el titular del Ejecutivo Federal.
Esta medida, que forma parte de una reforma nacional, busca garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y que el sistema de pensiones sea sostenible para todos.
¿A quiénes aplica este nuevo límite?
El tope financiero es estricto y abarca a una amplia gama de entidades públicas, asegurando que no existan lagunas legales:
- Personal de confianza de organismos descentralizados.
- Empresas públicas del Estado y sociedades nacionales de crédito.
- Fideicomisos públicos y entidades paraestatales, tanto federales como estatales y municipales.
Las excepciones: Protegiendo el ahorro propio
Para no afectar los derechos adquiridos por el esfuerzo individual o sectores estratégicos, la ley deja claro quiénes quedan fuera de esta restricción:
- Fuerzas Armadas: Debido a la naturaleza de su servicio.
- Aportaciones voluntarias: El dinero que cada trabajador ahorre por su cuenta en sistemas de retiro individuales.
- Ahorros sindicales: Fondos generados mediante aportaciones complementarias de los trabajadores.
- Pensiones del Bienestar: La pensión no contributiva establecida en el artículo 4° constitucional para adultos mayores y personas con discapacidad.
Un solo frente por la austeridad
Al unirse al Constituyente Permanente, el Poder Legislativo de Durango reafirma su compromiso con una administración pública más justa. Con esta reforma, se busca eliminar las brechas de desigualdad y asegurar que el presupuesto sirva para mejorar la vida de la gran familia duranguense, y no para mantener privilegios de unos cuantos.
