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Culiacán, Sinaloa – 2 de mayo de 2026. En apenas 72 horas, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pasó de rechazar cualquier separación del cargo a solicitar y obtener una licencia temporal. Una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo colocó, junto a otros nueve funcionarios sinaloenses, en el centro de un escándalo que involucra presuntos vínculos con la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Cronología de los últimos tres días
Miércoles 29 – jueves 30 de abril:
El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una acusación formal ante un tribunal federal de Nueva York contra Rocha Moya y nueve funcionarios más. Rocha negó inmediatamente los cargos, aseguró tener “la conciencia tranquila” y descartó pedir licencia.
Viernes 1 de mayo (noche):
Rocha cambió de postura. En un mensaje grabado anunció que solicitó licencia temporal al Congreso del estado. “Tengo la conciencia tranquila. Las acusaciones son falsas y dolosas”, declaró. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, también pidió licencia.
Sábado 2 de mayo (mañana):
El Congreso de Sinaloa sesionó de manera extraordinaria y aprobó por unanimidad la licencia temporal (por tiempo indefinido, mayor a 30 días). Designó como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, quien rindió protesta el mismo día y se convirtió en la primera mujer en asumir interinamente el Ejecutivo estatal.
Recuadro: Las acusaciones específicas de Estados Unidos
Según la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Rubén Rocha Moya:
- Recibió apoyo directo de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar (“Los Chapitos”) durante su campaña de 2021, incluyendo intimidación a rivales.
- Se reunió con líderes de la facción y les prometió protección a cambio de ese apoyo.
- Permitió que Los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa.
- Colocó a funcionarios alineados con el cártel en puestos clave de gobierno, seguridad y policía.
- El alcalde de Culiacán, un senador morenista y varios jefes de policía y fiscales estatales también forman parte de la misma acusación.
- Los funcionarios presuntamente recibían pagos mensuales (ejemplos: 11 mil dólares a un fiscal y 1,600 dólares a un comandante de policía).
La acusación fue presentada el 29 de abril de 2026 y se basa en testimonios de colaboradores.
Posición del gobierno federal
La FGR consideró que la solicitud de EE.UU. carece de pruebas suficientes y descartó detenciones inmediatas. Claudia Sheinbaum ha sido cautelosa: “Debe prevalecer la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía. No vamos a encubrir a nadie que haya cometido un delito, pero sin pruebas claras el objetivo parece político”.
Repercusiones para Morena
Este caso representa un golpe significativo para Morena:
- Daño de imagen en un bastión estratégico del partido.
- Presión sobre Sheinbaum justo cuando reorganiza Morena rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
- Riesgo de contagio a más cuadros en el norte del país.
- Oportunidad para la oposición, que ya habla abiertamente de “narcopolítica” y prepara denuncias.
- Si Rocha renuncia definitivamente o es procesado, Morena enfrentará una elección extraordinaria o deberá defender la gubernatura con una interina muy cercana al gobernador.
Cierre
Lo que inició como una acusación externa se ha convertido en un problema político interno que Morena deberá manejar con rapidez si quiere llegar limpia a las urnas de 2027. Sinaloa queda en incertidumbre mientras la FGR avanza en su investigación.
Texto: Ahora Diario/La Semana Ahora
