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Por: Víctor R. Hernández
La presidenta Claudia Sheinbaum lleva casi 50 días repitiendo la misma mentira: que las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y los otros nueve funcionarios de Sinaloa (los “10 morenistas”) son cosa de una simple “oficinita” en Nueva York. Una especie de funcionarios resentidos de ultraderecha, actuando por su cuenta.
Esa narrativa ya no solo es falsa. Es peligrosa. Porque esa “oficinita” ya no solo acusa: puede terminar autorizando que soldados estadounidenses pisen suelo mexicano.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) no es un kiosco burocrático. Es uno de los brazos judiciales más poderosos de Estados Unidos. Sus fiscales son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. El que llevó el caso contra los sinaloenses, Jay Clayton, fue ascendido personalmente por Donald Trump a Director Nacional de Inteligencia, cargo desde el que supervisará a la DEA, la CIA y todo el aparato de espionaje estadounidense. Su reemplazo, James McDonald (“Jamie” para Trump), fue anunciado con bombos y platillos por el propio presidente en Truth Social.
No es oficinita. Es política de Estado. Trump lo sabe, Vance lo sabe, Sara Carter lo sabe y el Departamento de Justicia lo sabe. Solo Sheinbaum y su equipo siguen fingiendo que no se enteran.
Y mientras el gobierno mexicano minimiza, la retórica desde Washington se ha vuelto abiertamente amenazante. En la cumbre del G7 en Évian, Francia, Trump fue claro y brutal: “México ha perdido el control de su país. Los cárteles dirigen México”. Dijo que Sheinbaum “es una mujer muy buena, pero está muy asustada”. Pasó de las narcolanchas (donde presume haber reducido 97% el flujo marítimo) al foco terrestre: “Ahora nos vamos a enfocar en las que llegan a través de México”.
El remate lo dio el vicepresidente JD Vance en entrevista con Ilia Calderón: Estados Unidos se reserva “el derecho de emprender una acción militar en México” para proteger a su pueblo. Dijo que no quieren hacerlo, que prefieren trabajar con México, pero que no descartan “medidas defensivas”. Recordemos que Vance ya había dicho antes que los cárteles son una “enorme organización terrorista” que se fortaleció con el dinero del fentanilo y el tráfico sexual durante la era Biden.
Esto ya no es presión diplomática. Es pretexto construido paso a paso para justificar una intervención si Washington considera que México no entrega resultados. La “oficinita” ya condenó a García Luna a 34 años, tiene a El Chapo, a Caro Quintero y al Mayo Zambada. La misma oficinita ahora procesa a un gobernador y su círculo cercano por narcotráfico y conspiración electoral. ¿Alguien cree seriamente que esto se detendrá en los “10 de Sinaloa”?
Sara Carter, la zarina antidrogas de Trump, lo dijo sin rodeos: van contra los funcionarios que protegen al Cártel de Sinaloa y a Los Chapitos. Elogió la cooperación en el abatimiento de El Mencho, pero advirtió: si no cooperan, “se van a arrepentir”.
El mensaje es cristalino. Estados Unidos ya no confía en que el gobierno mexicano tenga la voluntad o la capacidad real de desmantelar el poder del cártel en Sinaloa. Y no les falta razón. Rocha Moya y su estructura fueron acusados con evidencia que, hasta ahora, el gobierno federal no ha podido ni refutado ni explicado convincentemente. En lugar de confrontar la gravedad del asunto, optaron por la negación y la minimización.
La línea roja que tanto menciona Sheinbaum (“no a intervenciones militares”) está siendo borrada desde Washington con cada declaración. Porque cuando un país vecino afirma públicamente que “los cárteles dirigen México” y que se reserva el derecho de actuar militarmente, la soberanía se convierte en retórica.
México no puede seguir respondiendo con memes diplomáticos ni con discursos de “respeto a la soberanía”. El cártel de Sinaloa no respeta soberanía: corrompe gobernadores, alcaldes, policías y, al parecer, hasta funcionarios de alto nivel. Si el Estado mexicano no recupera el control real de Sinaloa, alguien más lo hará. Y ese alguien ya está diciendo abiertamente que está dispuesto a cruzar la frontera.
La “oficinita” de Nueva York no es un actor menor. Es la vanguardia judicial de una estrategia que ya incluye declaraciones presidenciales, ascensos estratégicos, amenazas veladas y, ahora, la opción militar explícita sobre la mesa. Seguir llamándole “oficinita” no es ingenuidad. Es irresponsabilidad histórica. Y puede salir muy cara.
