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Por: Víctor R. Hernández
Permítame preguntarle algo, estimado lector. Si usted tiene una papelería en la calle Zaragoza, una carnicería en el mercado Gómez Palacio, un taller mecánico en la colonia Los Ángeles o una empresa mediana con veinte empleados en el parque industrial de Durango: ¿cuántos impuestos paga usted al año?
ISR. IVA. IMSS. INFONAVIT. Impuesto sobre nómina. Predial. Derechos municipales. Licencias de operación. Quizás alguna multa del SAT que llegó sin avisar. Usted paga todo eso, puntualmente, porque si no lo hace el Estado mexicano le clausura el negocio, le embarga la cuenta y le manda al Ministerio Público. Eso es la ley. Eso es lo que le corresponde a cualquiera que opera en este país y se beneficia —aunque sea apenas— de sus calles, su seguridad y sus servicios públicos.
Ahora le cuento lo que le toca pagar a la FIFA en México durante el Mundial 2026.
Nada. Cero. Absolutamente nada. El gobierno mexicano firmó un decreto de exención total: cero ISR, cero IVA, cero aranceles de importación para la FIFA, sus subsidiarias y todos sus patrocinadores globales. Una corporación que facturará entre 10,000 y 13,000 millones de dólares en este ciclo mundialista opera en suelo mexicano sin pagar un solo centavo de impuestos.
Usted, duranguense, con su negocio de barrio, paga. Gianni Infantino, desde Zúrich, no paga. Eso no es una política fiscal. Eso es una bofetada.
Pero la historia no termina ahí, porque si terminara ahí podríamos consolarnos pensando que al menos el negocio es limpio, que la FIFA cumple su parte, que algo dejan. No. La FIFA, además de no pagar impuestos, prohíbe que los negocios locales compitan en las zonas donde habría demanda. Perímetros de exclusión alrededor de los estadios y las Fan Zones en los que ningún taquero, ningún artesano, ningún comerciante de barrio puede vender ni anunciarse. Y si algún emprendedor duranguense —o tapatío, o regiomontano— se le ocurre poner un letrero que diga ‘Bienvenidos al Mundial’, la FIFA tiene el derecho contractual de demandarlo ante los tribunales mexicanos y cobrarle una multa de más de 20 millones de pesos.
Léalo de nuevo: una asociación civil suiza puede multar a un mexicano en su propio país por usar la palabra ‘Mundial’. Y el gobierno mexicano firmó ese contrato. Lo firmó, lo selló y lo entregó.
Aquí es donde entran los cómplices. Porque la FIFA no actuó sola. Ningún cartel opera sin protección.
Los gobiernos de México —el federal y los estatales de las sedes— no fueron víctimas inocentes de una negociación abusiva. Fueron participantes activos de un modelo que ellos mismos avalaron, celebraron y vendieron como logro. Nadie los obligó a firmar los Host City Agreements con pistola en la sien. Los firmaron porque el Mundial es rentable políticamente: da titulares, da fotos, da la ilusión de grandeza nacional. Que la factura la pague el erario —es decir, usted— es un detalle que no cabe en el discurso oficial.
¿Cuántos legisladores mexicanos leyeron esos contratos antes de que se firmaran? ¿Cuántos gobernadores preguntaron cuánto iba a costar desplegar casi 100,000 elementos de seguridad para cuidar los partidos de una organización que no paga impuestos? ¿Cuántos funcionarios cuestionaron que cualquier disputa legal entre México y la FIFA no se resuelve en los tribunales mexicanos, sino en arbitraje privado en Zúrich, bajo ley suiza?
La respuesta es la misma en todos los casos: ninguno. O si lo preguntaron, callaron la respuesta. Que es peor.
Se me dirá que el Mundial deja derrama económica. Que los turistas llenan los hoteles. Que el país se proyecta al mundo. Son los argumentos de siempre, los que repiten los funcionarios en cada conferencia de prensa y los que reproducen sin cuestionamiento los medios que viven del gasto publicitario gubernamental.
Los economistas independientes —los que no cobran de la FIFA ni del gobierno— llevan años documentando lo contrario. El turismo regular huye de las ciudades sede durante el torneo: los precios se disparan, el caos logístico ahuyenta a los visitantes de negocios y los aficionados del Mundial simplemente sustituyen a quienes habrían llegado de todas formas. Las ganancias reales se van con las cadenas hoteleras transnacionales y las aerolíneas internacionales: salen de México sin pasar por la caja registradora de ningún negocio local. Y los negocios que sí podrían capturar algo del gasto —los que están junto a los estadios— están excluidos por decreto de la FIFA.
La derrama económica del Mundial es, en buena medida, una narrativa de relaciones públicas fabricada por la misma organización que se lleva el dinero. Y nuestros gobiernos la repiten como loro.
Hay una pregunta que nadie en el poder quiere responder: ¿si una empresa privada mexicana llegara a negociar con el gobierno de Durango en los mismos términos que la FIFA negocia con México, qué pasaría?
Que la empresa no pague impuestos. Que sus competidores locales queden excluidos por contrato de las zonas de mayor demanda. Que el gobierno ponga la seguridad, la infraestructura y las exenciones fiscales. Que cualquier conflicto se resuelva en arbitraje privado en el extranjero. Que si alguien usa el nombre de la empresa sin autorización, la empresa pueda demandar y cobrar millones.
Eso se llama corrupción. Eso se llama conflicto de interés. Eso se llama tráfico de influencias. La Auditoría Superior de la Federación abriría una investigación. La Fiscalía General citaría funcionarios.
Pero cuando lo hace la FIFA, organizamos un desfile y le cantamos el Himno Nacional.
No escribo esto para apagar la fiesta. El fútbol es una pasión real y los goles no tienen la culpa del modelo de negocios de quienes los administran. Escribo esto porque la pasión es exactamente el instrumento que usa el cartel para que nadie haga las preguntas incómodas mientras la caja se vacía.
La FIFA es un cartel que trafica espectáculo con inmunidad fiscal y soberanía cedida. Los gobiernos mexicanos que firmaron sus contratos son sus cómplices voluntarios. Y nosotros, los ciudadanos que pagamos impuestos, financiamos el negocio ajeno mientras nos convencen de que somos los beneficiados.
Eso, sin censura, es lo que está pasando. Y merece decirse aunque duela más que una derrota en penales.
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Víctor Hernández es periodista con 43 años de trayectoria, director de Ahora Televisión, Ahora Diario y La Semana Ahora, y consultor en comunicación política en Durango, Dgo. © La Semana Ahora | Durango, Dgo. | Reproducción con crédito autorizada
